El Gobierno pretende que la Corte actúe rápido y que restablezca la vigencia de la ley. Sin embargo, la situación no es tan simple: la ley, debido a la forma en que fue sancionada y a su contenido, fue suspendida, total o parcialmente, por cuatro jueces en seis causas judiciales distintas y no solamente por decisión de la jueza Olga Pura de Arrabal, el único expediente que hasta ahora llegó al alto tribunal.

No se descarta, así, que antes de apurar la definición de un asunto tan delicado, pese a las presiones del Gobierno, la Corte espere a tener ante sí toda una gama de impugnaciones, para hacer una lectura más adecuada y completa de la situación, revela el periodista de La Nación, Adrián Ventura, quien suele hablar con Lorenzetti.

Como sea, quien primero salió a apurar una definición fue la presidenta Cristina Kirchner, que no esperó ni un minuto para emitir su opinión: "No entra en ninguna biblioteca ni en ninguna cabeza impedir el funcionamiento de una ley por una medida cautelar. Ojalá podamos tener pronto la vigencia de la ley de medios".

El planteo de la Presidenta, durante su discurso, anteayer, en la ex ESMA, fue casi simultáneo al momento en el que la Cámara Federal de Mendoza decidió elevar al alto tribunal una de las causas en las que los jueces de primera instancia paralizaron total o parcialmente la norma.

En el mismo sentido, Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca, el nuevo Comfer), calificó de "descabellado" que una jueza suspendiera la ley y dijo que está esperanzado en que la Corte trate el tema "rápidamente".

En la causa que ahora llegó a la Corte, a instancias de un recurso extraordinario, la jueza Pura de Arrabal había decidió la suspensión de toda la ley por "vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional" en el proceso de su sanción y la Cámara Federal confirmó la medida.

Rebelión en la Corte

El Gobierno apuesta a que la Corte convalide la ley. Pero las cosas no parecen ser tan sencillas como pretende el Poder Ejecutivo.

La Corte, como principio, no se ocupa de medidas cautelares. Y si bien el Gobierno plantea que existe gravedad institucional para justificar la revisión de la medida cautelar, la mayoría de los fallos dictados contra la ley todavía están lejos de llegar al alto tribunal.

La Corte tiene tres alternativas: desestimar el recurso y dejar en pie la suspensión; revisar el trámite de sanción de las leyes o, esperar, que le arribe a su estudio otro expediente en el que se impugnen algunos artículos por inconstitucionales.