ientras se extiende el debate político sobre si hay o no inflación en la Argentina, los números oficiales de las provincias marcan una realidad muy particular: en el interior del país las subas de precios son dos, tres y hasta casi cuatro veces mayores que las que informa el INDEC para la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

El caso más emblemático es de Santa Fe. Allí el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) releva los precios de la ciudad capital y de Rosario, cuyas dimensiones se asemejan a la de una buena parte de Capital Federal y GBA.

Y los datos santafesinos recién difundidos marcan que en febrero allí la inflación triplicó las cifras del INDEC: fue 3,6%, contra apenas el 1,2% oficial, según el diario Clarin.

En los dos primeros meses de 2010 en Santa Fe el IPC sumó el 6,1%; y en Capital y GBA el 2,3%.
Como sucede en todo el país, en la provincia que gobierna el socialista Hermes Binner los precios de los alimentos lideran las subas. Pero los servicios no se quedan atrás y en los dos primeros meses de este año acumularon un incremento del 3,6%, liderados por las subas en esparcimiento, vivienda y gastos médicos.

También otras Direcciones de Estadísticas provinciales, todas dependientes de las gobernaciones, arrojaron para febrero aumentos superiores a los difundidos por el INDEC. Van del 2,3 hasta un pico de 4,4 por ciento.

En estos casos, el argumento del INDEC para descalificar las mediciones alternativas se neutraliza. No se trata de consultoras privadas, que según el Instituto oficial carecen de estructuras para hacer un relevamiento amplio o que tendrían intereses económicos en "inflar" las cifras.

Por otro lado, se supone que ningún gobernador tendría interés en mostrar en sus distritos subas de precios mayores que las reales, entre otras cosas, porque después debería acordar mayores sueldos para sus empleados públicos.

¿De estas cifras se puede concluir que los que viven en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires se ven favorecidos por una menor inflación?

No. Quedó en evidencia que el problema está en la forma de medir los aumentos. Las Direcciones Provinciales siguen midiendo la inflación con los mismos criterios que regían antes de la intervención de Guillermo Moreno en el área de Precios del INDEC, que se concretó desde enero de 2007.
Hasta ese momento, los índices nacionales y provinciales eran convergentes. Desde entonces, las diferencias se fueron ampliando y acumulan una brecha cada vez mayor que coincide con los cambios en el INDEC. Por ejemplo, en Santa Fe en estos últimos 38 meses, la inflación minorista fue del 67,1% cuando el INDEC registró 28,1% en el mismo lapso.

Con los precios de los alimentos las divergencias son más acentuadas: 83% en Santa Fe y sólo 26,5% en Capital Federal y GBA.

La mayor coincidencia de las estadísticas provinciales entre sí y la brecha que mantienen con el IPC del INDEC hacen recaer las sospechas sobre las mediciones del Instituto Nacional.
Si bien las estructuras de consumo y los niveles de precios pueden diferir entre las regiones, en el mediano plazo las variaciones deberían converger.

Así pasó cuando estaba vigente el IPC Nacional. Ese índice se elaboraba en base a información provista por siete provincias. Desde que se puso en marcha ese índice hasta diciembre de 2006 -cuando estalló la crisis en el organismo nacional- los datos provinciales se aproximaban a los que el INDEC estimaba para Capital y GBA.

Pero a poco de avanzar la intervención del Instituto, los resultados de las provincias empezaron a mostrar cifras más elevadas que las metropolitanas. Por eso, se decidió discontinuar la difusión del IPC Nacional. Si bien no se dieron explicaciones, lo que estaba pasando era que la difusión de los datos nacionales de precios implicaba un aval del INDEC a las cifras provinciales y, en los hechos, se autoincriminaba en medio de las sospechas de manipulación.