La declaración indagatoria del ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, prevista para mañana en la causa por el espionaje desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue postergada hasta el miércoles 9, informaron fuentes judiciales.

La postergación de la audiencia se debe a una solicitud hecha por Narodowski a través de su abogado defensor, Jorge Beraldi.

También la semana próxima ampliarán sus declaraciones indagatorias el ex policía federal y espía Ciro James, ya procesado y detenido por esta causa, quien era el encargado de retirar las cintas con las escuchas, y cinco policías misioneros.

El juez federal Norberto Oyarbide citó al ministro Narodowski, uno de los hombres clave del gabinete del Gobierno de Mauricio Macri, para que explique en indagatoria -o sea en calidad de sospechoso de un presunto delito- qué servicios prestaba James a la cartera educativa y establecer si la cartera fue parte de las supuestas escuchas "ilegales".

El juez, que ayer procesó al también detenido ex jefe de la Policía Metropolitana y comisario retirado Jorge "Fino" Palacios, avanzó en la investigación de "una organización criminal que utilizando vías legales logró mediante la presentación de documentos públicos ideológicamente falsos ante la SIE, la intervención ilegítima y en violación a las disposiciones penales vigentes, de distintos abonados telefónicos, entre los que se encontraba el de Sergio Burstein".

Burstein, uno de los familiares de las víctimas de la AMIA, se opuso férreamente al nombramiento de Palacios como jefe de la Metropolitana precisamente porque el ex comisario estaba por ser procesado por el encubrimiento del atentado a la mutual judía. Para el juez, las llamadas telefónicas entre Palacios y James que se generaron en el marco de la escucha sobre el teléfono de Burstein "resultan el primer y último eslabón de la extensa y compleja maniobra criminal".

El juez hizo hincapié en que esas intervenciones tuvieron lugar cuando se estaba por resolver la suerte de Palacios en la causa por el encubrimiento en el atentado ataque a la AMIA, un escenario que iba a "significar el final de la carrera policial de Palacios y su consiguiente alejamiento del cargo de Jefe de la Policía Metropolitana".
"Así las cosas es razonable suponer que si alguien podía tener interés -de entre todos los partícipes de la maniobra criminal en estudio- en tener acceso a las conversaciones de Sergio Burstein, éste era Jorge Alberto Palacios", dijo el juez.

El juez tampoco dejó pasar que James hubiera mostrado "un férreo interés por mantener un diálogo con la mutual judía por única vez, al menos en los últimos dos años".

Y sumó a las sospechas que "este caudaloso tránsito de comunicaciones telefónicas" se generó cuando Palacios "revestía el máximo rango dentro de la Policía Metropolitana, mientras que James -conforme expuso durante su declaración indagatoria- era un simple aspirante a ingresar a esa fuerza".

"Lógicamente, resulta increíble pensar que Palacios desde el cargo que ostentaba -reitero, Jefe de la Policía Metropolitana- pueda dedicarle el tiempo que insumen 192 llamadas telefónicas a un simple aspirante a ingresar a la fuerza", dijo la resolución.

Y "no escapa al análisis recientemente efectuado advertir que el pico de conversaciones entre James y Palacios desde los abonados telefónicos recientemente entrecruzados, se verifica el día 21 de septiembre de 2009, casualmente, la misma jornada en que se hizo efectiva la intervención ilegítima del abonado de Sergio Leonardo Burstein", añadió el juez.

Así, Oyarbide responsabilizó por esa escucha a Palacios, a quien procesó con prisión preventiva por los delitos de violación de la privacidad y falsificación de documento público.

Además, el juez decidió que continúe preso en la cárcel federal de Marcos Paz porque consideró que su libertad podría poner en riesgo la pesquisa.

"La investigación no ha culminado aún. Y no debe soslayarse la vasta experiencia del imputado en investigaciones criminales, su conocimiento acerca de la relevancia de los distintos medios probatorios y las públicas vinculaciones con el poder político -muchos de cuyos representantes se encuentran actualmente en la cúspide de las funciones ejecutivas- y con las fuerzas de seguridad", insistió Oyarbide al justificar la decisión de mantenerlo preso.