Todas las pruebas recolectadas en el juzgado de Norberto Oyarbide alimentan la presunción de que el comisario retirado Jorge “Fino” Palacios estuvo detrás de las pinchaduras telefónicas ilegales a Sergio Burstein, integrante de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado a la AMIA, sostiene hoy una nota de Página 12.

A esto se agregó ahora un dato impactante: según fuentes policiales, el espía, policía y abogado Ciro James, protagonista de las escuchas, habría estado trabajando en el edificio de la Policía Metropolitana al menos desde julio. Es más, los diputados porteños Aníbal Ibarra y Eduardo Epsteyn, con datos propios, ratificaron ayer que James tenía una oficina y concurría diariamente a la Metropolitana.

Ibarra y Epsteyn se comprometieron a aportar pruebas contundentes sobre esa afirmación y sostienen que se estaba armando un área de Inteligencia de la policía porteña, y en eso trabajaba James. Con esos datos, “El Fino”, ex jefe de la Policía Metropolitana, tiene altísimas chances de ser citado a indagatoria, según dicen cerca del magistrado.

Hasta ahora el principal imputado es James, quien años atrás compartió andanzas con El Fino en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal e iba a ser nombrado en la nueva fuerza porteña. En el expediente ya está probado que retiraba casettes con las escuchas de una dependencia de la SIDE y sería procesado esta semana. Al igual que James, están detenidos otros tres policías. Los investigadores intentan establecer la magnitud y los alcances del espionaje.

Hasta el momento, James aparecía oficialmente como una persona que iba a ser incorporada en la Policía Metropolitana y que tenía un contrato inexplicado –nadie sabe qué hacía realmente– en el Ministerio de Educación porteño. Pero ahora, según un aporte hecho por fuentes policiales, se agregaría el hecho de que el policía-abogado-espía concurría casi todos los días a la oficina de la Metropolitana, es decir que ya trabajaba allí.

Ibarra y Epsteyn afirman que se contrató no sólo a James sino a otros ex policías de la Federal que provenían del área de Inteligencia y que las escuchas ya fueron parte de su trabajo.

La conexión Puerta

Las escuchas a Burstein las ordenó el juzgado 1º de Posadas. Por este tema están en la mira los jueces que firmaron las órdenes de escucha Horacio Gallardo y José Luis Rey, a quienes se vincula con el ex gobernador Ramón Puerta. Las escuchas ilegales se practicaron cuando crecían los rumores de que Palacios sería procesado por el encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA, una medida promovida por el fiscal Alberto Nisman y finalmente concretada por el juez Ariel Lijo. Burstein no es cualquier familiar de AMIA. Fue uno de los principales impulsores del desplazamiento del Fino de la Metropolitana, un reclamo que hizo como orador en el acto del último aniversario del atentado terrorista.

El actual jefe de la Metropolitana, Osvaldo Chamorro, contó al dar su testimonio ante el juez que el nombramiento de James en la Metropolitana fue producto de una gestión personal de Palacios, quien los presentó. El jefe policial dijo que estaba todo preparado para que la designación se concretara el 1º de octubre, aunque antes de eso James debía renunciar al Ministerio de Educación porque eran funciones incompatibles. Dijo que le darían rango de inspector, pero no trabajaría en tareas de inteligencia sino en relación con las fiscalías contravencionales. A pesar de que el gobierno porteño intentó mostrar el trámite de ingreso de James a la policía como uno más de cientos, Chamorro dejó en claro que sabían perfectamente quién era.

El jueves pasado declaró el último jefe de James en la Federal, el comisario inspector Jorge Walter Carrano, del departamento de Delitos contra la Propiedad, y contó que el espía le había asegurado que ingresaría a la Metropolitana con un cargo altísimo y cobraría un sueldo muy superior al que tenía hasta entonces, lo que demostraría la confianza que le tenía Palacios.

Tres funcionarios del Ministerio de Educación de la Ciudad, el titular de la cartera –Mariano Narodowski incluido– admitieron que James tenía un contrato de locación de servicios con esa repartición, pero ninguno supo, pudo o quiso precisar cuál era su actividad concreta allí. La jefa de gabinete Roxana Barroso, a quien James reportaba, dijo una explicación sumamente vaga sobre sus supuestas tareas. Dijo que asesoraba en cuestiones de licencias y ausentismos aunque sus recomendaciones nunca eran dadas por escrito, sino “informalmente”. Es decir, no hay rastros de la actividad de James en el Gobierno, una situación muy dudosa. Sólo hay dos contratos por escrito que aparecieron en un allanamiento en su casa. Uno, del año pasado, era por 72 mil pesos, mientras que el de 2009 rondaba los 60 mil.

Entre esta semana y la próxima él podría firmar los primeros procesamientos. Por ahora los delitos investigados son infracción a la ley de inteligencia, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. La próxima tanda de medidas importantes podría incluir la indagatoria del Fino Palacios.