Una serie de operaciones compulsivas de venta, que deberán concretarse en el plazo perentorio de un año, configurarán en el país un nuevo mapa de medios, según se desprende del texto de la nueva ley que impide que una empresa propietaria de un canal de TV abierta tenga también una distribuidora de cable y, además, que éstas tengan más de una señal de generación propia o se extiendan a más del 35% del mercado.

Uno de los perjudicados con esas cláusulas será el Grupo Clarín, que debería elegir si se queda con El Trece o Cablevisión/Multicanal. En caso de priorizar la distribuidora de cable, sólo podría retener una señal propia entre TN, Volver, TyC o Magazine. Y además se verá obligado a renunciar a un gran número de abonados, porque no podrá llegar a más del 35% del mercado, revela una nota de La Nación.

Lo mismo enfrentará el Grupo Uno (Vila-Manzano), dueño de la distribuidora de cable Supercanal y socio del GDN (Grupo De Narváez) en América TV y América 24. Deberán elegir entre retener la señal abierta o la distribuidora de cable.

Pero la ley también establece que ninguna compañía puede operar más de 10 licencias achicando el límite actual de 24. Eso también afecta al Grupo Uno, dueño de una veintena de radios y canales en todo el país, igual que a Clarín, que tiene 4 canales y 9 radios, es decir, 13 licencias en total.

En esa línea, el grupo cordobés Cadena 3 se verá obligado a achicar sus más de 20 señales de radio en todo el país, que en muchos casos son repetidoras locales de una misma señal principal. Eso será otro problema, porque la ley establece que sólo el 30% de la programación podrá ser en red. El resto deberían ser contenidos propios de cada AM o FM.

Telefónica también

Un capítulo aparte merecen los grupos extranjeros de medios, porque la ley los obligará a desprenderse del 70% de su paquete accionario. En esa situación están los grupos españoles Telefónica (dueños de Telefé y 8 canales de aire en el interior) y Prisa (Radio Continental y otras), y los mexicanos del CIE-Rock & Pop (dueños de la radio homónima y FM Metro) y de Canal 9, propiedad de Angel González, también de México.

Otro punto importante es la obligación de que las radios emitan 30% de música nacional y un 10% de producción independiente, lo que obligará a cambiar el perfil de las emisoras basadas en música extranjera, con condicionantes similares para los contenidos de TV.

Los nuevos jugadores

Promulgada por el Ejecutivo en tiempo récord, la ley de medios aprobada ayer por la madrugada en el Senado ya disparó una pelea feroz por quién se quedará con los negocios que deberán soltar los principales grupos mediáticos del país. En ese sentido, las entidades sin fines de lucro a las que la ley reserva un tercio de las emisoras aún esperan saber cómo se financiarán. Para eso falta ver la reglamentación, que el Ejecutivo apura pero todavía guarda bajo siete llaves, apunta una nota de Crítica.

Los empresarios periodísticos creen que las beneficiarias más inmediatas de la ley serán las cooperativas de servicios públicos del interior, que proveen de electricidad y teléfono a casi seis millones de hogares. Muchas de ellas invirtieron millones en tender redes de fibra óptica que hasta ahora no podían usar para vender señales de cable, porque se los prohibía la ley anterior.

Técnicamente, esas redes les permiten ofrecer el Triple Play (cable, teléfono e internet) que hoy ya proveen firmas como Telecentro, de Alberto Pierri. Y que son la crema del negocio audiovisual.

Con la nueva norma, las cooperativas tendrán la ventaja de la red ya instalada y aspiran a robarle una tajada gruesa a los gigantes Cablevisión y Multicanal, ambos de Clarín y con casi la mitad de los abonados a la TV paga. Es lo que querían hacer las dos grandes de la telefonía –Telecom y Telefónica–, a las que les fue vedada esa posibilidad por la presión del centroizquierda, que exigió cambios al proyecto original a cambio de su apoyo parlamentario.

La reacción

Esta misma semana la Asociación de TV por Cable (ATVC) lanzará los primeros dardos contra la ley en el Hotel Hilton porteño, donde realizará un congreso. Aunque muchos cableros chicos y medianos sucumbieron ante el poderío de Cablevisión y Multicanal, unos 500 de ellos todavía prestan servicio a casi dos millones de abonados. Ahora los une a Clarín el espanto frente a las cooperativas.

Otros grupos empresarios de medios, como el de Daniel Vila (América) y el español Prisa (Continental), preparan sus propias estrategias judiciales. Sus abogados barajan presentar recursos de amparos y medidas de fondo, en simultáneo a la continuidad de su campaña pública contra la reforma.

La española Telefónica, que controla Telefe y otros ocho canales en el interior, enfrentará otro problema. La nueva ley exige “correr el velo societario” de todos los medios. Es decir, que cada dueño se muestre detrás de la maraña de sellos y empresas que suelen presentarse como sus poseedores. Así quedará al descubierto su origen extranjero, también prohibido.