La Superintendencia de Servicios de Salud tiene bajo la mira a 20 obras sociales que operaron en los últimos tres años con las droguerías sospechadas de vender remedios aduletardos.

Según el diario La Nación, el órgano encargado de controlar las prestaciones de las obras sociales sindicales, comenzó una auditoría sobre 20 de esos organismos gremiales. Fue después de constatar que durante los últimos tres años esas entidades habían operado con alguna de las droguerías sospechosas de haber suministrado medicamentos adulterados.

El titular de la SSS, Ricardo Bellagio, remitió ayer al juez federal Norberto Oyarbide el resultado de un relevamiento entre las 300 obras sociales nacionales, en el que se verificó cuáles eran las que habían contratado los servicios de las empresas San Javier y Multipharma. Ambas responden a Néstor Lorenzo, el principal imputado en la causa que instruye Oyarbide sobre la compra de medicamentos adulterados por parte de la Obra Social Bancaria (OSBA).

Entre las obras sociales que serán auditadas por la SSS las más importantes son, además de OSBA, las de Aeronavegantes, de Personal Gráfico, de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, de Portuarios Argentinos, de Personal de la Industria del Vidrio, de Personal de Maestranza, de Personal Entidades Deportivas y Civiles y de Agentes de Loterías y Afines de la República Argentina.

Las irregularidades en la obra social de los bancarios culminaron el 14 del mes pasado con la intervención de la entidad por parte del Gobierno. Las anomalías en la entidad habían sido advertidas en la SSS hace más de tres años: en julio de 2006, José Bustos, entonces gerente de Asuntos Jurídicos y luego gerente general, emitió un duro dictamen y recomendó intimar a OSBA para que presentara un plan de reconversión.