Mientras el ministro de Economía, Amado Boudou, avanzaba en su presentación ante la Cámara de Diputados del Presupuesto 2010, la mesa de entrada del juzgado Nº 9, del juez Octavio Aráoz de Lamadrid, recibía una denuncia penal en su contra por la aparente compra ilegal de títulos públicos con 1.000 millones de pesos de la Anses.

La denuncia fue presentada por el economista y diputado Claudio Lozano y abarca, además de a Boudou, a Sergio Chodos, ex subgerente operativo de ANSES; y a Diego Bossio, actual director ejecutivo de ANSES. Según explica, se usaron mil millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para engrosar un canje de deuda de forma ilegal.

Lozano apunta a la compra por parte de la ANSES, a través de sus autoridades responsables de la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de Prestamos Garantizados (PG). Su explicación aduce que estos títulos no cotizan en mercados secundarios, como señala el artículo 78 de la ley 24.241.

Esta ley aclara que “Todos los títulos valores, públicos o privados que puedan ser objeto de inversión por parte de los fondos de jubilaciones y pensiones, deben estar autorizados para la oferta pública y ser transados en mercados secundarios transparentes que brinden diariamente información veraz y precisa sobre el curso de las cotizaciones en forma pública y accesible al público en general”. Esto es lo que, según Lozano, la compra de estos títulos violó, además de no conocerse los precios en que se estableció dicha compra.

Esto ya había sido publicado por Ámbito Financiero, cuando el 2 de marzo pasado informaba cómo, mediante una operación de ingeniería financiera más que compleja, se “infló” un canje de deuda que aparecía muy complicado para el gobierno, ya que no había llamado la atención de los mercados.

El artículo destaca que “de los $ 3.493 millones que ingresaron, se estima que unos $ 1.000 millones fueron adquiridos por la ANSES a fondos de inversión del exterior, con el objetivo de conseguir un resultado al menos decoroso para la transacción. La participación oficial representó casi el 30% del total”.

Llevado al terreno netamente matemático, sólo se pudo canjear el 42% del total de los 8.400 millones de pesos que salieron al mercado. Es decir que, si el gobierno no compraba 1.000 millones con la chequera infinita de los fondos de los jubilados, se hubiese colocado menos del 40% del total ofertado. Esto se hubiese leído como una pésima señal para los mercados. Justamente cuando Boudou negocia volver al FMI y retomar la negociación con el Club de París para que la Argentina recobre la confianza perdida y así tener acceso al crédito internacional.

El artículo de Ámbito refleja a su vez que “la operación consistió en al menos dos pasos”. “El primero de ellos fue la venta de sus tenencias de PG a bancos locales. Y luego éstos se los terminaron entregando a la ANSES a través de la intervención de una sociedad de Bolsa, que sería Facimex (cuenta con dos acciones para operar en el mercado bursátil)”.

“La inversión por parte de la ANSES, en Préstamos Garantizados ha sido puesta de manifiesto por el Sr. Amado Boudou, en su entonces condición de Director Ejecutivo de ANSES, en ocasión de haber asistido al Congreso de la Nación, a la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, el día 20 de Mayo del corriente, mediante informe que daba cuenta de las acciones de administración del FGS a partir de la promulgación de la ley 26425 y hasta el 30 de Abril del 2009. También por el actual Director de ANSES Sr. Diego Bossio, el 4 de Agosto de 2009, en ocasión del acto de constitución del Consejo de FGS, y, por último en un nuevo informe remitido en fecha 25 de Agosto de 2009 a la Comisión Bicameral”, detalla la denuncia de Lozano.

El mismo artículo 78º señala que “la Comisión Nacional de Valores determinará los mercados que reúnen los requisitos” para poder operar con estos títulos. Pero la denuncia explica que se trató de “un tipo de operatoria muy oscura ya que no existen registros públicos de las mismas en el Mercado de Valores de Buenos Aires, ni en el MAE, ni en otro mercado secundario”.

En simultáneo, el diputado de Proyecto Sur elevó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo, a través de la Anses, informe los detalles de esta transacción.