Los gremios se resisten a explicar o justificar el destino de más de $ 250 millones de los fondos de la Administración de Programas Especiales (APE).

Se trata de fondos que recibieron durante los últimos años y que debían destinar a la atención de enfermedades de alta complejidad y a la prevención, pero, según el diario La Nación, si lo cumplieron o no, simplemente, no se sabe, ya que nunca rindieron cuentas por esos recursos o lo hicieron mal. Por eso fueron intimados a devolverlos.

Una de las obras sociales que más dinero se demora en rendir ($ 17 millones) es la del sindicato de los bancarios, que dirige Juan José Zanola, el mismo sindicalista que está en la mira del juez Norberto Oyarbide en la causa por los remedios falsos. Tanto, que ayer el magistrado pidió al Gobierno la intervención de la obra social.

La mayor parte del dinero que los gremios no rindieron, más de $ 208 millones, corresponde a fondos distribuidos entre las obras sociales sindicales que habían sido girados durante 2005 y en años anteriores por la Administración de Programas Especiales (APE). Este organismo se nutre de un porcentaje de los aportes de los trabajadores y de las empresas, y financia la atención de enfermedades, como el sida y diferentes discapacidades.

Otros $ 48 millones corresponden a un plan de prevención de tabaquismo, hipertensión, obesidad, cáncer de mamas y otras enfermedades, que lanzó en diciembre de 2007 la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), entonces dirigida por Héctor Capaccioli. El mismo que unos meses antes había recaudado fondos para la campaña de Cristina Kirchner y que hoy aparece involucrado en la causa de los medicamentos falsos.

Con un presupuesto de $ 938 millones para 2009, la APE está bajo la órbita del Ministerio de Salud y a cargo de Hugo Sola, un incondicional del secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Su nutrida caja y los más de $ 3500 millones que acumula de excedentes presupuestarios convirtieron al organismo en campo de batalla entre el líder camionero y la ex ministra de Salud Graciela Ocaña. A partir de la gestión de la ex funcionaria, los gremios sólo reciben reintegros por las prestaciones que pueden comprobar.

De acuerdo con una auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), finalizada a comienzos de este año, las obras sociales de los gremios sólo rindieron $ 143 millones de un total de $ 351 millones entregados por la APE. Los $ 208 millones no rendidos, casi el 60% del total, deberían ser reintegrados, según dispuso al ordenar el informe en noviembre de 2006, Juan Rinaldi, entonces gerente general de APE y sucesor de Capaccioli en la SSS.

Los manejos de Zanola

Una de las obras sociales que más dinero adeuda rendir es La Bancaria. Según el estudio de la UBA, la obra social del gremio de Zanola debe más de $ 16 millones, sólo superada por las de los empleados de comercio, con $75 millones, y de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), con $ 21 millones.

Los $ 48 millones del plan de prevención de enfermedades se distribuyeron en forma discrecional entre 52 gremios, en una repartija que dejó afuera a más de la mitad de las obras sociales y que incluyó grandes disparidades: mientras que el gremio de los trabajadores rurales recibió $ 1,58 por afiliado, y el de sanidad, $ 1,90; el de locutores obtuvo $ 254, y el de consignatarios de hacienda, $ 478. Esas arbitrariedades llevaron a Manuel Garrido, entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, a abrir un expediente.

El programa contemplaba una segunda etapa y la entrega de otros $ 50 millones, pero ese giro fue frenado en noviembre de 2008 por Ocaña, que además instruyó a Rinaldi, entonces en la SSS, para que auditara la rendición del dinero ya distribuido.

La idea era que los que no pudieran explicar qué habían hecho con la plata la devolvieran, pero el plan quedó trunco con la salida de Ocaña y de Rinaldi, tras las elecciones de junio. El nuevo titular de la SSS, Ricardo Bellagio, dijo a LA NACION que se estaba encargando de que se hicieran las rendiciones que faltaban.

En la resolución 963/08 de la SSS, se explica que la política de subsidios no está contemplada dentro de los objetivos de la SSS, cuya función es controlar a las obras sociales.

"Lo que se financió doblemente con esos fondos es el Programa Médico Obligatorio de Emergencia, algo que las obras sociales deben garantizar sin ningún tipo de subsidio", dice Ocaña, en una nota que publica en su blog (www.gracielaocana.com.ar).

El desmantelamiento del plan de prevención puso en pie de guerra a los gremios. El director médico de los camioneros, Oscar D´Onofrio le pidió por carta a Rinaldi, en marzo pasado, que reviera la medida. Sostuvo que existía una "infinidad de argumentos que desaconsejaban" esas "acciones intempestivas" y que la resolución había privado "a miles de mujeres y niños la posibilidad de evitar enfermar y morir".

Las rendiciones del gremio de Moyano eran de las menos detalladas. Después de presentar unas pautas generales, en mayo de 2008, la obra social pidió prórrogas en dos oportunidades, en septiembre y en noviembre del mismo año.

La última vez, el administrador general de la obra social, Roberto Nieto, argumentó problemas de salud. Otros gremios prefirieron el silencio.