“El gobierno de Macri todo lo que hizo en materia de vivienda para los sectores humildes fue triplicar la burocracia, a través de la creación de la Corporación Sur y la UGIS, al tiempo que dejó sin fondos al IVC. Pero de construir viviendas nada, no pusieron ni un ladrillo sobre el otro”, denunció a La Política Online el abogado Alejandro Franco, patrocinante de los habitantes de la Villa 26.

Es que en el 2006 la Legislatura aprobó la ley que declara la emergencia ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo, y entre otras medidas se desprende de esa norma el inmediato traslado de los habitantes de la Villa 26 –que está ubicada sobre el Riachuelo-, ya que entre su población –y en especial entre los niños-, se han detectado numerosos casos de enfermedades de piel y respiratorias, que se atribuyen a la altísima contaminación de la zona.

Para esto, el gobierno de la Ciudad compró tres grandes terrenos en Barracas, sobre las calles Pedro Chutro, Goncalvez Díaz, San Antonio y Lusuriaga. Se realizaron todas las licitaciones para construir las viviendas, que se financiaba la Nación, e incluso se adjudicaron las obras a la constructora Raffo y Mazieres.

La demora del gobierno en trasladar a los habitantes de esta villa, atenta incluso contra una de las grandes obras que están pendientes en la Ciudad. La traza de la futura autopista 27 de febrero, la continuación hacia el sur de la autopista ribereña, pasa directamente sobra la zona que ocupa el asentamiento.

Sin embargo, a casi tres años de tomar aquella decisión, no se construyó ni una pared en los lotes comprados. “En el gobierno dicen que el IVC no tienen fondos, eso revela las prioridades que le da el gobierno de Macri a la vivienda y la salud de los sectores más humildes”, agregó Franco.

El ajuste del IVC y la Legislatura

Efectivamente, en la última poda al Presupuesto que realizó el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, le redujo al IVC su presupuesto para este año de más de 500 millones a poco más de 100 millones, que apenas alcanzan para pagar los sueldos y el costo operativo de esa gran estructura burocrática –tiene más de 100 empleados-, que se quedó sin funciones reales. “En el IVC está lleno de profesionales, arquitectos, muy valiosos, que me consta, ahora se están rascando con un rastillo, porque ya no tienen nada que hacer”, agregó el abogado Franco.

En este marco, Franco presentó un pedido de embargo y el juez Roberto Gallardo, lo concedió y lo fijó en 30 millones. La decisión provocó que el gobierno de la Ciudad recusara al magistrado, a quien acusó de “enemistad manifiesta”, y ahora será la Cámara la que resolverá sobre la cuestión. “Los funcionarios de Macri se enojan con Gallardo, pero nada dicen del fondo de la cuestión, la gente se sigue enfermando y no hacen nada”, apuntó Franco.

Gallardo también citó al presidente del IVC, Roberto Apelbaum, para que "en forma personal e indelegable" comparezca el 8 de septiembre "munido de la documentación" que explique que medidas se tomaron para avanzar en el trasladao de los habitantes de la VIlla 26.

Así como ordenó al ministro de Salud, Jorge Lemus, para que en el término de tres días informe al tribunal si tomó medidas especiales de salud respecto de los habitantes de la villa.

Los 30 millones de embargo, según los cálculos del abogado, alcanzan para construir las viviendas de las 280 familias que viven en la Villa 26, en los terrenos de Barracas. “Si Macri tuviera una política habitacional esto se resuelve en meses, pero la única idea que tienen es darle un subsidio a la gente de las villas para que se suba a un tren y se vaya”, agregó el letrado.

El caso ya llegó a la Legislatura y es motivo de consulta entre los distintos bloques. Los legisladores de la oposición, Sergio Abrevaya, Martín Hourest, Facundo Di Filippo y Eduardo Epszteyn, ya enviaron un durísimo comunicado cuestionando la recusación de Gallardo. Mañana estos legisladores se reunirán con delegados de la Villa 26, que marcharán hacia la Legislatura.