La Justicia condenó al Indec a indemnizar con $40.000 y reponer en su cargo a una empleada que había sido desplazada por cuestionar la intervención del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en el índice de inflación.

Según eld iario Clarín, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó al INDEC a reinstalar en su puesto de trabajo en el área del Indice de Precios a una empleada que había sido desplazada por haber denunciado y participado en las acciones gremiales contra las manipulaciones estadísticas en ese organismo. Y además condenó al Instituto oficial a pagarle a esa trabajadora una indemnización de $ 40.000 por "agravio moral", más los intereses.

Todo comenzó el 26 de junio de 2008 cuando Vanina Micello -que se desempeñaba en la Oficina de Operativos Especiales de la Dirección de Precios- fue desplazada al área de Biblioteca del INDEC con el argumento de haber cometido "irregularidades", como "consignar datos irreales en formularios de relevamiento correspondientes al rubro "Servicio Doméstico".

Llamativamente, según la Justicia, el desplazamiento de Micello se dio en circunstancias muy precisas. Por citación judicial, Micello había declarado en la causa penal " Moreno, Guillermo y otros sobre violación de secretos".

También los camaritas destacan que Micello "cumplía tareas en una de las áreas sensibles" del INDEC y como afiliada a ATE, había participado de "manifestaciones" y "abrazos al edificio".

La Justicia también comprobó que Micello, quien se incorporó al INDEC, en 1992, acumulaba más de 15 años de antigüedad en el INDEC, "sin antecedentes de mal comportamiento ni un desempeño que hubiese recibido jamás objeciones".

Y que sorpresivamente, de acuerdo a los jueces, el traslado a la Biblioteca se hizo de un día para otro, sin cumplir con los recaudos de las normas laborales vigentes, con el agravante de haberle disminuido sus ingresos normales y habituales "por la quita de horas censales". Además, en los meses previos, el INDEC fue renuente a darle tareas acordes a su "capacitación laboral".

A partir de estos hechos, los jueces entendieron que el traslado de Micello no tuvo una "justificación objetiva y razonable" y se trató de una medida de segregación, discriminación y "represalia por el ejercicio de actividades gremiales". Con esos fundamentos, los jueces Gabriela Vázquez y Luis Catardo revocaron la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda de Micello. Y ordenaron hacer lugar a la acción de amparo y "condenar al INDEC a que reponga a Vanina Micello en las funciones que cumplía en la Dirección del IPC, así como en su nivel de ingresos normales y habituales", a pagar la suma de $ 40.000 en concepto de daño patrimonial e inmaterial, más los intereses, e imponer las costas de primera y segunda instancia a la demandada.

La sentencia se conoce en un momento muy delicado del organismo porque las sospechas de manipulación abarca a casi todas las estadísticas que elabora el organismo, en tanto el Gobierno debe convocar a un Consejo Académico que revise las estadísticas cuestionadas.