El conflicto habitacional por la traza de la ex AU3 en Villa Urquiza (alrededor de 15 manzanas donde hay casas tomadas conviven con vecinos históricos del barrio) está lejos de resolverse.

Mientras el proyecto para llegar a una solución definitiva sigue durmiendo en la Legislatura porteña, los vecinos denunciaron en varias oportunidades que detrás de la movida de desalojos podría ocultarse un negocio inmobiliario en terrenos que, por su zonificación, representan millones de dólares (ver nota aparte).

En este contexto, el Procurador porteño, Pablo Tonelli, anunció que el gobierno apeló el fallo que había ordenado impedir los desalojos forzados en la traza.

La medida había sido tomada por la jueza de la ciudad Elena Liberatori, luego de un amparo presentado por el legislador de la Coalición Cívica, Facundo Di Filippo.

Al respecto, el diputado porteño advirtió que esa política del macrismo es "la reedición de la lucha de clases que pronosticó Carlos Marx, pero al revés, pues el Jefe de Gobierno estimula a los pudientes para que luchen contra sus hermanos pobres. Macri no es precisamente un materialista histórico, pero sí un histórico materialista".

Además, el diputado de la Coalición Cívica también denunció que la Unidad Ejecutora de la Ex AU3 "viene gastando cada vez más dinero público en llamados telefónicos a los vecinos y reuniones varias, donde hace publicidad buscando que la clase media acompañe su gestión de desalojos sistemáticos, a cambio de que el Gobierno porteño implemente un megaproyecto inmobiliario que, luego de expulsar a los vecinos más pobres, representaría un supuesto revalúo de las propiedades del barrio".