Algunas de las medidas acordadas ayer entre el Gobierno y la Comisión de Enlace son viejos reclamos del campo. Otras, más novedosas, fueron el resultado de la frustrada negociación secreta entre el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati. Muchas de esas iniciativas tienen como autores a técnicos y economistas de varias entidades del campo.

En todos los casos se trata de políticas de corto alcance que tienden a aliviar la situación de las actividades productivas que más retrocedieron en los últimos años: la ganadería, la leche y el trigo.

Según publica el diario La Nación, esto no implican cambios sustanciales en el régimen de exportaciones de granos y carnes, extremadamente burocratizado; tampoco garantizan la transparencia de los mercados agropecuarios, como los de hacienda y trigo, donde sigue rigiendo una intervención extraoficial de la Secretaría de Comercio Interior, ni habrá cambios en las retenciones a la soja y el girasol. Por eso, a falta de medidas estructurales, los productores tendrán que conformarse con paliativos.

Si las intenciones se traducen en hechos concretos, el subsidio a la harina de consumo interno permitirá una mayor competencia entre la molinería y la exportación y garantizaría a los productores un precio acorde con los valores internacionales, situación que no se conoce desde hace tres años.

En el caso de la leche, el subsidio de 10 centavos por litro para los tambos que produzcan hasta 3000 litros diarios compensará la pérdida de un pago extra que hasta ahora recibían los tambos cuando su leche superaba un determinado nivel de proteína. En este sentido, el precio a los productores seguirá rondando los 70 centavos, muy lejos del peso por litro que reclaman.

La eliminación del precio de corte para las exportaciones de leche en polvo tampoco tendrá impacto directo si no se recupera el valor internacional, que llegó a superar los 4000 dólares la tonelada y hoy está en los 1900 dólares. Hasta ahora el Gobierno destinaba la diferencia entre el precio de corte y el valor internacional a un fondo que ya acumuló unos US$ 100 millones cuyo destino no fue anunciado.

La apertura de las exportaciones de carne enfriada de vaca de conserva sí podría significar una mejora de precios para los ganaderos, que hasta ahora sólo podían venderles esos animales a los pocos frigoríficos que elaboran conservas. También podría implicar un cambio importante la ampliación de 60.000 toneladas en el cupo de exportaciones de carne, aunque el Gobierno no viene cumpliendo con la cuota vigente (550.000 toneladas).

Una nueva ley que cambie el sistema de comercialización de carne de la media res a los cortes en cajas y la unificación de los estándares sanitarios para los frigoríficos son medidas exigidas por la producción, pero de difícil instrumentación inmediata.