Los meses de gestión que lleva el ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, han sido opacos. O al menos eso mismo cree él.

Motivos no le faltan. En materia de Justicia tuvo un duro revés en una causa muy importante para el gobierno porteño (mobiliario urbano) y, peor aún, tuvo que sufrir el fuerte embate del juez Roberto Gallardo, con apoyo de gran parte de la justicia porteña, luego de una serie de recusaciones sobre las causas que tramitan en su juzgado.

Pero eso no es todo. En materia de seguridad, acaso una bandera del macrismo, hasta ahora prácticamente no ha mostrado nada. A la negativa rotunda del gobierno nacional a traspasar, con fondos incluidos, la policía, se le suma la dilatada aprobación del proyecto de policía comunal en la Legislatura porteña. Y nada indica que, a pesar de la intención del PRO de aprobar la iniciativa a fines de septiembre, en el corto plazo llegue al recinto.

Inclusive, aún no hay atisbos de concreción de un proyecto para lanzar, por fuera del proyecto, una serie de “guardianes” para cuidar algunas áreas específicas de la ciudad. Peor aún: la construcción de la Academia de policía no está terminada y, por el contrario, viene algo retrasada.

“No tengo qué hacer”, se lo escuchó rezongar al ministro, que cuenta con el aval político de la viceja de gobierno, Gabriela Michetti.

Hasta ahora, sólo mostró una interesante medida: la descentralización de trámites vinculados a las infracciones de conductores. Claro que, para un ministro de gobierno, parece poco.