“No descartamos ninguna medida si el Gobierno
no interviene a favor de la cadena de comercialización”. Así lo advirtió el
presidente de Federación Agraria (FAA), Omar Príncipe, en una conferencia de prensa
ofrecida hoy en la sede porteña de la entidad.
El dirigente rural mantiene una dura pelea con Monsanto en el marco del interminable conflicto por la decisión de la empresa de comenzar a cobrar regalías por su soja “RR 2”, más conocida como “Intacta”.
“Hasta ahora solo escuché al secretario de Agricultura (Ricky Negri) decir que es un conflicto entre privados. Esperamos que el ministro (Ricardo Buryaile) no se exprese en esa dirección porque de lo contrario estaremos en serios problemas”, advirtió Príncipe.
“Esto no es un problema entre privados; es un tema que debe resolver el Estado porque sino actúa de manera urgente habrá consecuencias graves”, apuntó el titular de FAA, y agregó que “Monsanto viene por el control de la soberanía alimentaria argentina”.
Hasta ahora Federación Agraria se quejaba de que Monsanto “retenía” cargamentos de soja para verificar si contenían su semilla y no habían pagado los derechos de uso correspondiente.
Un cargo que rechazan Monsanto y los exportadores, que aclaran que simplemente realizan, a través de la extracción de muestras, la evaluación de la presencia de la biotecnologia Intacta para así asegurarse el exportador no estar comercializando grano producido a través de semillas que contienen tecnologías patentadas y que requieren, por tal motivo, contar con la licencia de uso del propietario de las patentes.
La empresa –que maneja el 10 por ciento del
mercado de semillas del país- además niega que cobre cánones sobre el grano,
sino que lo hace sobre las biotecnologías patentadas en semillas.
La discusión de fondo
Un dato que llamó la atención es que en la conferencia de prensa -en la que estuvo La Política Online-, Príncipe se mostró junto a las entidades que componen el Complejo Federado (AFA, FECOFE y CAFER), pero no con el resto de la Mesa de Enlace.
En este sentido, algunos llegaron a decir que la Sociedad Rural, CRA y Coninagro, si bien cuestionan la manera en que la empresa verifica la mercadería, no comparten la estrategia de Federación Agraria de tratar de meter al gobierno en la discusión.
“Si el Gobierno no toma medidas, corre peligro la próxima comercialización de soja. Lo que dejó de ganar el Estado bajando las retenciones a la soja, lo pretende ganar Monsanto implementando una retención privada a los productores”, disparó Príncipe.
Cabe recordar que el año pasado la decisión de Monsanto generó la reacción de dirigentes del campo que consideraron que la compañía instrumentaba una suerte de aduana privada para cobrar por el uso de una tecnología que está protegida por leyes de propiedad intelectual.
En rigor, los que entienden del tema explican que la empresa pretende lo obvio. Es decir, cobrar por el uso de una tecnología propia en la que invirtió millones de dólares para su desarrollo y que está protegida por leyes de propiedad.
Por eso, pese a criticar el método de la empresa de testear el grano, en el sector existe un cierto consenso respecto al derecho de Monsanto de comenzar a cobrar por su producto.
El sistema es muy simple: la empresa contrata técnicos que analizan el grano antes de su embarque y si detecta que tiene el gen tecnológicamente modificado de Monsanto verifica si ese productor o empresa compró la tecnología; sino lo hizo le envía una notificación reclamando el pago (pero no retiene la carga, porque esto sería ilegal).
Así las cosas, los representantes de las entidades rurales son concientes en la importancia que tiene actualizar este año la Ley de Semillas -vigente desde 1973- que justamente propició un escenario mediante el cual los productores y las empresas se encuentran con un vacío legal libre de interpretación.
Se trata de un tema central para un país de base agropecuaria como la Argentina dado que las estimaciones privadas indican que actualmente existe un mercado ilegal de semillas que movería alrededor de 500 millones de dólares por año.
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Monsanto es una empresa poco confiable odiada en todo el mundo incluyendo Argentina. Si el pais pierde millones culpa de esa empresa seria muy facil ganar un plesbicito o sacar una ley para que se vayan del pais.