El kirchnerismo denunció penalmente a los senadores de la oposición que firmaron un compromiso para no avalar a ningún candidato que proponga Cristina para reemplazar a Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema.

La denuncia fue presentada por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, quien acusa a los senadores nacionales de "sedición". La causa recayó por sorteo en el juzgado federal a cargo de María Servini de Cubría, con intervención del fiscal Carlos Rívolo.

El abogado K apuntó contra los senadores Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Fernando ‘Pino’ Solanas, Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Luis Juez, Gabriela Michetti, Diego Santilli “y todo otro" que haya suscripto el "compromiso público de impedir la cobertura de la vacancia en la Corte Suprema”.

"Ha tomado estado público la iniciativa, ya concretada, de senadores nacionales, para operar una connivencia delictiva a fin de impedir que el Poder Ejecutivo Nacional cumplimente la manda constitucional" de cubrir la vacante en la Corte, embistió Barcesat, abogado de Hebe de Bonafini.

La decisión de los senadores opositores "denigra la jerarquización constitucional de los partidos políticos que son instituciones fundamentales del sistema democrático", añade la denuncia. “Las vacancias son para ser cubiertas no para convertirse en escenario de impedimento de la integración de otro de los poderes que conforman el gobierno federal", resumió Barcesat.

El artículo 230 del Código Penal establece penas de uno a cuatro años de prisión para quienes "se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de funcionarios nacionales o provinciales".

El miércoles, senadores de casi todo el arco opositor anunciaron la firma del compromiso para impedir que el kirchnerismo imponga al reemplazante de Zaffaroni. Las 28 firmas de los legisladores dejan al oficialismo sin ninguna posibilidad de nombrar al nuevo juez ya que le será imposible llegar a los dos tercios.

El compromiso opositor llega después de algunas oscilaciones del radicalismo, teniendo en cuenta que algunos sectores habían mantenido contactos con el Gobierno para acordar algún nombre proveniente de esa fuerza a cambio de que el kirchnerismo cope la Cámara de Casación Penal, como reveló LPO.

Ayer, Jorge Capitanich había dado un indicio de lo que se venía, al acusar a los opositores de "vulnerar la aplicación de la Constitución".  "La verdad es que una contradicción inexplicable del arco opositor en el Senado que se nieguen a cumplir y respetar la Constitución", se quejó.

"¿No es acaso la oposición la que hace discursos grandilocuentes respecto a la calidad institucional, al respeto que debe primar en las instituciones republicanas y democráticas en la plena vigencia de la Constitución Nacional y en las leyes que reglamentan su ejercicio?", chicaneó.

"Ellos no pueden tener una conducta ni una actitud especulativa, lo que deben hacer es respetar la Constitución, y la Constitución establece un procedimiento que está ratificado por el decreto 222 del año 2003, para la designación de un miembro de la Corte", presionó.