Este jueves por la tarde los máximos referentes del Consejo Agroindustrial se reunieron con funcionarios del gabinete económico del Gobierno. En el encuentro se formalizó la propuesta unificada del sector para aumentar las exportaciones y crear empleo.

La iniciativa -consensuada entre 53 entidades, cámaras y asociaciones agroindustriales- contempla la eliminación de retenciones a las economías regionales y un cronograma de baja progresiva a diez años de ese impuesto para los commodities agrícolas.

José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales, dijo que para promover un crecimiento sustancial de las exportaciones es necesario instrumentar una "fuerte reducción de la pesada mochila de la carga tributaria, especialmente para los productores".

"No pretendemos que las retenciones vayan a cero en todos los productos porque es inviable en la actual crisis económica, pero tenemos que consensuar un cronograma de reducción para llegar a la eliminación total al décimo año", señaló Martins.

Actualmente el derecho de exportación aplicado sobre el complejo sojero es del 33% con un esquema de segmentación/devolución que sigue sin ejecutarse. En tanto, los productores de trigo y maíz abonan en concepto de retenciones un 12%.

En el primer semestre del presente año 2020 el Gobierno nacional recaudó unos 3.564 millones de dólares vía retenciones a las exportaciones agroindustriales, según un informe elaborado por el dirigente Néstor Roulet sobre la base de datos del INDEC.

Solo el complejo sojero aportó unos 2560 millones de dólares en el periodo enero-junio, al tiempo que los envíos de maíz y trigo generaron otros 660 millones dólares. Las economías regionales, por su parte, aportaron cerca de 400 millones dólares al fisco.

El ex presidente de CRA y actual titular de la Mesa de las Carnes, Dardo Chiesa, comentó que, además de la reducción de la carga tributaria, se requiere solucionar una serie de obstáculos que impiden la generación de riqueza y trabajo en el interior.

"La empresa Paladini, por ejemplo, hizo una inversión muy importante en una planta industrial de chacinados y podría incorporar un turno más para dar trabajo a unas 250 personas. Pero no puede hacerlo porque el sindicato no quiere", remarcó el dirigente.

Por el lado del Gobierno estuvieron Cecilia Todesca, Felipe Solá, Matías Kulfas, Luis Basterra, Julián Echazarreta, Raúl Rigo y Gabriel Delgado. Entre los empresarios se encontraron, además de Martins, Gustavo Idígoras, Sergio Raffaeli y Dardo Chiesa.

La Mesa de Enlace contra Basterra

Después de varios meses de ausencias, las cuatro entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace decidieron emitir un comunicado conjunto en donde critican duramente la inacción del ministro de Agricultura, Luis Basterra, a 10 meses de su asunción.

"Fuimos respetuosos de las dificultades planteadas por la pandemia. Sin embargo, hasta ahora pareciera que sólo ha dilatado los tiempos y no se ha avanzado en cuestiones urgentes", apuntaron la Sociedad Rural, CRA, Coninagro y Federación Agraria.

"Resulta inadmisible que el Gobierno nacional no solo no brinde soluciones efectivas y sustentables a los problemas del sector, sino que además sume temas polémicos y conflictivos a una agenda ya sobrecargada de dificultades", indicó la Mesa de Enlace.

Entre los reclamos planteados por las entidades rurales se cuentan, entre otros, la inseguridad rural, los problemas climáticos, la carga tributaria, la falta de financiamiento, los avances sobre la propiedad privada y el impuesto a la riqueza.

"Pedimos que no nos distraigan con debates ideológicos e inoportunos o que responden solo al interés de algunas facciones del poder político, mientras tantos argentinos padecen hambre y las consecuencias de la pandemia", agregó la Mesa de Enlace.

En rigor, tal como publicó en su momento LPO, tanto en el campo como en la propia Casa Rosada generó malestar la falta de respuestas políticas por parte de Basterra ante la ola de ataques a silobolsas registrado en mayo, junio y julio en plena cosecha gruesa.

El ministro de Agricultura organizó algunas reuniones vía zoom entre los dirigentes y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, para intentar calmar al campo. Pero lo cierto es que la inseguridad rural no solo cedió sino que creció en las últimas semanas.

Lo concreto es que los productores también están molestos porque la Mesa de Enlace no pasa por su mejor momento. Sucede que cada una de las cuatro entidades se encuentra trabajando su propia agenda de temas envueltas en sus propias internas gremiales.

En la Sociedad Rural y Federación Agraria hay elecciones a fines de septiembre, al tiempo que las autoridades de Coninagro se muestran dialoguistas con el Gobierno y CRA, por el contrario, es la entidad más crítica con fuerte presión de sus bases.