A partir de un trabajo conjunto de los municipios de Pilar y Escobar, la Provincia de Buenos Aires clausuró la central termoeléctrica de Araucaria Energy que está bajo el control del empresario José Luis Manzano y el fondo buitre Gramercy que en la Argentina dirige el empresario macrista Gustavo Ferraro.

La decisión golpea además al fondo BlackRock que tiene la mayoría de la deuda de 650 millones de dólares tomada para construir las cuatro plantas de Araucaria. Luego se tomaron otros 200 millones de dólares de Gramercy para cerrar el ciclo de las plantas. Cuando los bonos entraron en default, Gramercy y Manzano se unieron y tomaron de manera hostil el control de la compañía desplazando a los socios originarios de Araucaria y por ahora no quieren pagar a BlackRock. 

La usina generó una fuerte oposición de los vecinos desde el momento de su proyección por su cercanía con las áreas residenciales y a partir de su inauguración en 2019 es cuestionada por sus altos niveles de contaminación sonora.

El ruido excedió holgadamente los niveles aceptables. Y cuando digo holgadamente hablo de un nivel insoportable.

"El ruido excedió holgadamente los niveles aceptables. Y cuando digo holgadamente hablo de un nivel insoportable", aseguró a LPO el intendente de Escobar Ariel Sujarchuk, cuyo distrito limita con la central.

Con la derrota del macrista Nicolás Ducoté en Pilar, ambos distritos comenzaron los estudios de impacto ambiental y junto con la autoridad del agua de la Provincia (ADA) y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), lograron concretar la clausura.

Manzano entra en Araucaria Energy para enfrentar a Gramercy, en un caso testigo para el sector energético

Ahora, los intendentes van por la clausura de la otra usina -gestionada por APR Energy- y la relocalización de ambas en algún parque industrial de la zona.

"No se debiera poder levantar la clausura. Araucaria no tiene siquiera habilitación y APR está muy flojita de papeles", comentó Sujarchuk, quien adelantó a este medio que se investigará la participación de los funcionarios del gobierno anterior en la irregular puesta en marcha de las centrales.

Ahora, los intendentes van por la clausura de la otra usina -gestionada por APR Energy- y la relocalización de ambas en algún parque industrial de la zona.

"Fue una actitud obscena por parte de la gestión anterior de Pilar y de la provincia de Buenos Aires. Tal es así, que se rezonificó a las termoeléctricas una vez que se estaban haciendo y en tiempo récord", destacó el jefe distrital.

Según sostiene, estos procesos demandan entre 8 y 10 años y en este caso se hizo en cuestión de meses, un caso único en todo el mandato de María Eugenia Vidal. A su vez, no se dio lugar a la opinión de Escobar tal como exige la ley 8.912 respecto a rezonificaciones en límites distritales.

Otra de las irregularidades de la planta es que a pesar de no poder funcionar a más de un 60% o 70% de su capacidad por las limitaciones de infraestructura en el acceso al gas, se realizaron contratos en dólares en los cuales se cobra por el 100% de la potencia instalada.

El gobierno interviene Vicentin y bloquea el ingreso de Manzano

"En 2019 usaron solo el 8% de su capacidad y en 2020 solo el 2%. Están mal hechas y a las apuradas. Son sinónimo de corrupción, vamos a seguir hasta el final porque no se puede destruir el medio ambiente por un negocio inmobilario", agregó Sujarchuk.

Quienes conocen el accionar de la Corte Suprema donde cursa una de las demandas que enfrenta Araucaria, sostienen que lo más probable es que enfrenten un fallo adverso dada la preferencia del máximo tribunal por la protección ambiental.

El panorama también luce muy complicado para los propietarios de la planta, que como explicó LPO, aprovecharon la crisis del holding Stoneway Capital para hacerse de este activo estratégico.

Quienes conocen el accionar de la Corte Suprema donde cursa una de las demandas que enfrenta Araucaria,  sostienen que lo más probable es que enfrenten un fallo adverso dada la preferencia del máximo tribunal por la protección ambiental. Por otro lado, ambos grupos carecen de las simpatías del gobierno que podría dificultar la nueva operación de las centrales y pasar a discutir la legalidad de los contratos, de comprobarse las fallas iniciales.

Manzano ya había sido vetado en su fallido intento de quedarse con Vicentín, mientras que en el gobierno no toleran a Gustavo Ferraro el encargado local de Gramercy al que califican como un ejecutivo "muy arrogante", que tuvo una actitud "nefasta" con los vecinos y municipios involucrados a lo largo del proceso.