El gobernador Gustavo Bordet lanzó un ajuste durísimo a trabajadores y jubilados y fijó un impuesto extraordinario a los grandes propietarios rurales de Entre Ríos que generó un fuerte malestar en toda la provincia.

El proyecto de emergencia congela los salarios del sector público por un año y aumenta los aportes de salarios mayores a $100.000, que ahora tendrán una alícuota del 20% y el 22% en los sueldos de más de $200.000.

En tanto, los jubilados de más de $75.000 deberán efectuar un "aporte solidario extraordinario" en un esquema de alícuotas que empieza en el 4% y llega al 10% para los haberes de más de $300.000.

"De ninguna manera vamos a permitir que en un contexto de profunda crisis económica, sanitaria y social como la que atravesamos, seamos los trabajadores y las trabajadoras, una vez más, quienes sostengamos sobre nuestras espaldas los costos altísimos de la presente emergencia", afirmó el gremio de los docentes Agmer.

Suárez confirmó que posterga el pago de los aguinaldos hasta septiembre

El ajuste también afectó a los grandes propietarios rurales de más de mil hectáreas, a los que se les cobrará un impuesto equivalente al 10% del inmobiliario anual. El anuncio fue repudiado por la oposición y desde el PRO entrerriano dijeron a LPO que ya se está hablando de un tractorazo con los productores. Sin embargo, en el oficialismo destacan que la medida solamente afecta al 3% de las parcelas de toda la provincia y aseguran que no darán marcha atrás.

"Hacen aumentos a los campos de más de mil hectáreas sin tener en cuenta la productividad. Hay campos de mil hectáreas que están tapados por agua y campos de 500 hectáreas mucho más productivos. Denota la desesperación por cobrar y la falta de conocimiento de los sectores productivos", indicó a LPO el senador provincial Francisco Morchio.

A su vez, el proyecto contempla un aumento de impuestos para los bancos que a partir de ahora tendrán una base imponible por el total de la suma del haber de las cuentas de resultados, "no admitiéndose deducciones de ningún tipo".

"Es la típica maña de la vieja política. Cuando no dan los números, aumentan los impuestos. Es lo más fácil de hacer para un gobierno que tiene mayoría en las cámaras, pero es lo menos lógico porque ataca a sectores productivos y a los trabajadores. Estamos viendo una pésima administración", agregó Morchio.

La ley tendría vigencia hasta el 30 de junio del 2021, período en el cual regirá el estado de "emergencia" en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional.