Quizá el mayor desafío político que tiene por delante el flamante ministro de Agricultura, Luis Basterra, es la reactivación de las economías regionales que vienen golpeadas por la caída del consumo interno, las altas tasas de interés y la recesión.

En la última semana, a partir de la oficialización de Basterra en la cartera del campo, muchos productores de diversas zonas del interior del país empezaron a marcar la necesidad de crear una secretaría de Economías Regionales.

Si bien la gestión de Luis Miguel Etchevehere realizó en los últimos dos años un ajuste y modificaciones de secretarías, subsecretarías y direcciones, se evitó crear un área tendiente a representar las demandas de cientos de complejos productivos.

El campo pierde competitividad por el derrumbe de ventas de camionetas rurales

Un dato clave que destacan los productores para comprender dicha necesidad surge del Censo Agropecuario preliminar del INDEC: de las 250.881 explotaciones rurales que existen en la Argentina, un 63% corresponden a economías regionales.

"El objetivo de crear una secretaría de economías regionales es darle una impronta diferente para obtener respuestas y contención a sectores en crisis", dijo a LPO Pablo Vernengo, director de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

"Las economías regionales deben tener un tratamiento impositivo diferencial con mucho trabajo territorial y nexo con las provincias. Al ser dadores de mano de obra, hay que impulsar los complejos productivos para frenar el desarraigo", agregó Vernengo.

En la actualidad las economías regionales -dependiendo el producto- pagan entre 3 y 4 pesos por dólar exportado en concepto de retenciones. El aporte anual del sector al Tesoro representa aproximadamente unos $ 520 millones.

El Gobierno nacional ya tomó la decisión de subir los derechos de exportación de los principales cultivos agrícolas. En el caso de las economías regionales, en cambio, quedarían exceptuadas de la medida e incluso se estudian una serie de paliativos.

En un plenario realizado hace unos días en microcentro porteño, unos 300 productores representantes de distintos complejos reclamaron por los altos costos energéticos y de tasas para acceder a créditos y una falta de política tributaria regionalizada.

En tanto, el último índice IPOD que elabora mensualmente la CAME reveló que, en el mes de noviembre, la participación promedio de los productores agropecuarios en el precio final de los alimentos rondó el 24,2%.

La naranja, la pera, la manzana, la cebolla, el brócoli, el limón y la lechuga son los alimentos que registraron el mes pasado mayores brechas entre lo que cobran los productores primarios y lo que pagan los consumidores en góndola.

Así las cosas, el Ministerio de Agricultura está dividido actualmente en siete áreas: Agricultura; Unidad de Coordinación General; Alimentos y Bioeconomía; Agricultura Familiar; Mercados Agropecuarios y Prensa y Comunicación.

A estas secretarías, subsecretarías y direcciones se le suman los organismos descentralizados que dependen de Agricultura. Estos son Senasa (sanidad), INTA (tecnología), INASE (semillas), INIDEP (pesca) e INV (vitivinicultura).

La última vez que funcionó, sin éxito, un área similar a lo que podría ser una secretaría de Economías Regionales fue entre 2009 y 2011 cuando María del Carmen Alarcón asumió como secretaria de Integración Regional dependiente de Jefatura de Gabinete.