Solo con votos propios el oficialismo porteño habilitó la construcción de edificios de hasta 48 metros en la zona conocida como La Isla de Paternal. Se trata de terrenos que están en el predio que ocupaba el ex albergue Warnes donde podrán levantarse más de 120 mil metros cuadrados.

Por 34 votos contra 23 Vamos Juntos logró la segunda lectura de un proyecto del ejecutivo para cambiar la zonificación una parte de La Paternal, donde se construirán 11 torres.

Desde su demolición, el predio que antes ocupaba el Albergue Warnes se transformó en un gigantesco parque. En 1997, bajo el gobierno de Fernando De la Rúa, se hizo una modificación al Código de Planeamiento Urbano y se resolvió dejar 7 hectáreas para parque público, la apertura de la calle Zabala, la edificación de los supermercados Carrefour y Easy.

Además el ejecutivo decidió la creación del túnel por debajo de la avenida Chorroarín. Algunas parcelas fueron reservadas y vendidas a privados y estaba planificada la construcción de torres, que ahora ya casi serían una realidad en un futuro cercano.

Cuando el proyecto del Ejecutivo llegó a la comisión de Planeamiento, tanto en la comisión como en las audiencias públicas los vecinos habían pedido limitar la altura de los edificios y reconsiderar la ubicación de esas construcciones para que el gran pulmón verde no quede "encerrado" por torres de cemento. Sin embargo el oficialismo no cambió los principales ejes de la iniciativa.

El proyecto de desarrollará en un extensión de más de 9 hectáreas delimitada por las avenidas Constituyentes, Chorroarín y la calle Joaquín Zabala. Allí hoy todo ese espacio es verde, de uso público libre y abierto, excepto 4 parcelas que están cercadas por alambrados, que son de dominio privado y donde debían haberse desarrollado emprendimientos habitacionales nunca realizados.

En el resto de lo que eran los terrenos del demolido edificio Warnes, sobre la avenida homónima, están instalados hipermercados que continuarán en el lugar.

Entre los propietarios de aquellas cuatro parcelas alambradas (que originalmente eran once y que suman 22.000 m2) y el gobierno de la CABA se suscribió un convenio hoy ratificado por el voto mayoritario de los legisladores. Acordaron que el 40% de la superficie basal será destinada a espacio público, donde se abrirán calles, se construirán veredas y accesos libres al Parque Central.

A cambio, se amplían los usos inicialmente permitidos, incorporando utilidades complementarias a las residenciales; entre ellas, comercios, servicios, esparcimientos, áreas de equipamiento y estacionamientos subterráneos, entre otros. Desde el oficialismo aseguraron que la ley de ahora "mejora las condiciones para el entorno del barrio" y no aumenta la capacidad constructiva ni la altitud, explicó en el recinto la diputada Roldán Méndez.

Desde la oposición el legislador Javier Andrade advirtió que "se eliminan los requerimientos estacionamiento y espacios para carga y descarga, que ahora quedan a criterio del ejecutivo". El diputado porteño de Unidad Ciudadana denunció la falta de un estudio oficial sobre el impacto ambiental que tendrá la obra sobre la zona. "¿Qué pasa con el suministro de los servicios de agua, luz, gas?", se preguntó.

Carlos Tomada, jefe de bloque de Unidad Ciudadana.

Juan Carlos Casas