Casi seis años después de la trágica inundación de La Plata en la que murieron al menos 89 personas, la Justicia condenó a un ex funcionario municipal de menor rango a pagar una multa de $12.500

Fue un juicio express y de apenas una jornada que se cerró en medio de un escándalo y con un único acusado, Sergio Ariel Lezana, ex funcionario de Defensa Civil de la capital provincial que aceptó su culpabilidad y pagará la multa.

La decisión fue tomada hoy por la jueza Claudia Grecco, quien cerró el debate en la primera jornada, antes de que se inicie la ronda de testigos, al homologar el acuerdo alcanzado entre el fiscal Jorge Paolini y el abogado de Lezana, Juan Di Nardo.

"Reconozco que en mi calidad de funcionario en algún momento no pude cumplir con mi función", le dijo Lezana a la jueza cuando esta lo consultó sobre si admitía el delito y consentía el pedido de pena máxima que le pidió el fiscal Paolini.

De este modo, el ex director de Defensa Civil municipal recibió la pena máxima para el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", que consistió en el pago de una multa de $ 12.500 y la inhabilitación para ejercer cargos por un año.

La pena es irrisoria si se compara con la cantidad de muertos o con que el 80% de los platenses fueron afectados por el diluvio: 165.037 "impactados directos" y 357.500 "afectados indirectamente", con daños de $ 4.000 millones.

Marcelo Peña, uno de los abogados que representó a las víctimas de la inundación, dijo que "la actitud del juzgado termina ocultando las verdaderas responsabilidades" de la tragedia.

En efecto, la querella se había resignado a que Lezana reciba una pena menor, de acuerdo a cómo se había tipificado el delito del que se lo acusaba, pero esperaba que el debate oral dejara al descubierto las responsabilidades políticas detrás de la tragedia.

"No nos dejaron escuchar ni al primer testigo. El fiscal logró que al platense se le prive el derecho de saber la verdad", señaló Peña, quien antes del inicio del juicio pidió el apartamiento de Jorge Paolini, medida que fue descartada por la jueza Grecco.

En el breve juicio, Lezana reconoció que al momento de la tragedia, en el ámbito de la Municipalidad de La Plata (entonces al mando de Pablo Bruera) no existía un plan de atención en la emergencia para una catástrofe de tal magnitud, como tampoco había un sistema de alerta temprana no tampoco un registro de voluntarios organizados para colaborar con Defensa Civil, área a su cargo.

Antes del inicio del proceso, la querella había pedido el apartamiento del fiscal Paolini, a quien se lo acusó por "falta de imparcialidad" para sustanciar la investigación, ya que obvió pruebas que consideran "fundamentales".