Luego de los serios incidentes del miércoles, cuando efectivos de la policía bonaerense irrumpieron en una protesta de trabajadores de Astilleros Río Santiago en La Plata, ministros de María Eugenia Vidal y representantes sindicales mantuvieron un encuentro donde acercaron posiciones.

La reunión fue en territorio porteño y según trascendió tuvo momentos tensos. Los dirigentes gremiales cuestionaron a los ministros por su participación en informes periodísticos, los responsabilizaron por la falta de inversiones y les recriminaron la decisión de reprimir la protesta.

Los ministros Marcelo Villegas (Trabajo), Hernán Lacunza (Economía) y el presidente del Astillero, Daniel Capdevila, se ofendieron y levantaron pero después de unos minutos volvieron para seguir con la reunión.

Por el lado de los trabajadores estuvieron el secretario general de ATE Bonaerense, Oscar de Isasi; el secretario general de ATE Ensenada, Francisco Banegas y delegados del Astillero.

Serios incidentes en La Plata cuando la policía desalojó una protesta de Astilleros

Según pudo saber LPO, la reunión surgió después de la movilización del miércoles (al día siguiente de los incidentes) a la Gobernación. Allí, los dirigentes gremiales recibieron un llamado de la Secretaría General para pautar una reunión con ministros del Gobierno.

En el encuentro se acordó armar otra mesa de trabajo para tratar el tema de las obras paralizadas por falta de insumos como los buques Eva Perón y Juana Azurduy, un remolcador, las LICAS (Lancha de Instrucción de Cadetes) y el ARA King para la Armada, y reparaciones pendientes.

En tanto, los representantes gremiales esperan para el viernes la respuesta a varias demandas vinculadas a la licencia anual y el premio por productividad que el gobierno eliminó en el último pago de salarios.

La reunión sorprendió a los dirigentes de ATE, en particular por los nombres de quienes asistieron al encuentro.

"Ellos plantean que se debe reordenar el Astillero. Nosotros estamos de acuerdo pero exigimos que el ordenador sea el trabajo y no los despidos. Estamos dispuestos a revisar el funcionamiento de la fábrica, no estamos cerrados a dialogar", expresó Banegas en declaraciones periodísticas.

En cuanto a la denuncia presentada por el gobierno de Vidal dijo que "es de muy mala leche" y detalló que "utiliza un discurso mediático que busca ensuciarnos y nos acusa sin pruebas. Nosotros aceptamos el avance de la investigación judicial, no tenemos ningún problema pero no queremos que nos agravien para justificar un desmantelamiento", agregó.

El martes, el centro de la ciudad de La Plata se convirtió en un campo de batalla cuando la policía bonaerense reprimió una protesta de los trabajadores del Astillero.

Hubo corridas, piedras, gases lacrimógenos y balas de goma, cuando la policía desalojó a los trabajadores que se habían apostado en la reja frente a Gobernación. Algunos habían trepado a la reja y amenazaban con ingresar.

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A fines de julio, el gobierno había denunciado en el programa Periodismo Para Todos varias irregularidades en el Astillero aunque también admitió que no tiene un plan para sacar adelante una empresa que consume 3.600 millones de pesos por año.

Los encargados de plantear las irregularidades del astillero fueron el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, y el procurador general, Julio Conte Grand.

Villegas aseguró que en la actualidad el astillero sólo "cubre con su producción el uno por ciento de su costo operativo, y el resto lo cubre el erario público".

Una de las irregularidades denunciadas fue que ATE Ensenada le retiene a los 3.300 empleados uno $ 1.300 por mes para usen el comedor, aunque sólo asisten unos 1.200. "Es una caja que recibe ATE de 51 millones de pesos por año, de los cuales se utiliza menos de la tercera parte. Ese dinero se lo termina quedando el gremio", dijo el legislador.

Villegas también señaló que hay unos 100 empleados "dispensados". Por un acuerdo que logró el gremio, aquellos trabajadores en condición de jubilarse dejaban de cumplir de tareas hasta completar el trámite, como un modo de adaptación. Según el ministro, esto le cuesta al gobierno 116 millones por año y además encontraron "gente que nunca hizo el trámite y que lleva años en situación de dispensado".