La reforma tributaria tendrá dictamen este martes con algunos cambios exigidos por la oposición y sectores del oficialismo, como reducir el impuesto al 17% a las gaseosas, un reclamo que retomó esta tarde Juan Manzur.

Lo llevó a la Comisión de Presupuesto el diputado Diego Bossio, referente del interbloque de los gobernadores, que desde ayer le alcanza a Cambiemos para conseguir mayoría en la Cámara baja. Bossio presentó en el pasado un proyecto para aumentar los impuestos a las gaseosas, pero en su bloque donde predominan los diputados del interior, prevalece la postura de los gobernadores de provincias que producen azúcar.

El debate de la ley contó con la presencia de Nicolás Dujovne, su secretario de Hacienda Rodrigo Pena y el de política económica, Sebastián Galiani. "La reforma de nuestro sistema tributario es crucial porque tenemos un sistema inequitativo que limita la creación de empleo e impide el desarrollo", se presentó el ministro. 

Dujovne dijo que no se puede gravar más la cerveza que el vino, porque la OMS recomienda sumar impuestos según la graduación alcohólica. Con el mismo criterio, sólo se castigará a las bebidas con mucho azúcar. 

Bossio propuso elevar el impuesto a la cerveza, como planteaba el proyecto original. Pero Dujovne explicó que habían desistido de ese aumento cuando eliminaron la alícuota del vino, "porque no se justifica desde el punto de vista de la salud pública", respondió.

Se refiere a los parámetros de la OMS que son muy sencillos: cuanta mayor graduación alcohólica, más impuestos. Lo mismo corre para las bebidas azucaradas y es por eso que una opción para calmar a Manzur sería definir gravámenes según el volumen de azúcar y así proteger a los productores regionales. 

En el Congreso no salían de su asombro porque ninguno de esos impuestos tiene un alto impacto recaudatorio como para armar semejante debate. Para algunos, no fue más que una maniobra de distracción.

De hecho, también pusieron el foco en los impuestos internos los radicales Atilio De Benedetti (pidió igualar alícuotas a las carnes) y el mendocino Luis Borsani, quien no contento con sostener la exención al vino se sumó al lobby a favor de los jugos.

El plan de Cambiemos es sancionar la reforma junto al presupuesto y la previsional en sesiones sucesivas la semana próxima. Como adelantó LPO, aún tienen esperanzas de reencauzar la ley laboral en el Senado y sancionarla el miércoles 27 en la Cámara baja.

Bossio pidió además limitar las exenciones a extranjeros al flamante impuesto a la renta financiera, "en un país con tasas tan altas, se alienta en carry trade", aclaró.

"Países como Estados Unidos adoptan este principio de territorialidad. Además, los prospectos de deuda pública incluyen exenciones a los tenedores de renta fija. Las Lebac quedan en Argentina, o sea, las dificultades están salteadas" respondió Dujovne un rato después.

El ex jefe de Anses también propuso revisar el impuesto a los combustibles, fundamentado en cuestiones ambientales. "Argentina tiene una estructura productiva asociada al gas y un bajo nivel de contaminación", advirtió.

Marco Lavagna, del Frente Renovador, quiso saber el costo fiscal por año de la reforma (el proyecto habla del 1.5% de PBI en 5 años) y elevar el mínimo para gravar renta financiera, "que cómo está, alcanzará a plazos fijos de 200 mil pesos".

Un debate tenso se dio por la falta de datos sobre el impacto fiscal en las provincias a partir de la eliminación gradual del impuesto a las ganancias (bajaría de 35% a 25% en 5 años, con premios a quien invierta utilidades). Nadie sabe bien cómo irá bajando el impuesto al cheque, anunciada pero no detallada en la reforma y tampoco en el proyecto que prorroga su aplicación. 

"Las provincias no pierden porque se compensa con otros impuestos como la renta financiera", repitió Dujovne. "Cuando mañana tengamos los números, hablamos", lo desafió Bossio.

Otro punto de discordia es el mínimo no imponible para pagar aportes patronales, denostado por Axel Kicillof. "Siempre que se eliminaron impuestos al trabajo no subió el empleo. Necesitamos más tiempo para debatir este proyecto", pidió el ex ministro, sin muchas esperanzas de ser escuchado.

"Esta medida promueve el blanqueo de trabajadores. No puedo creer que los espacios que se dicen defender a los trabajadores no estén de acuerdo", se indignó Galiani, quien luego protagonizó un cruce peculiar con José Luis Gioja.

El sanjuanino citó un papper de 2010 de Galiani escrito en inglés, que le había costado mucho traducir ("Yo no speak english", se justificó), donde el ahora secretario hablaba de la inconveniencia de bajar impuestos para dar empleo.

"Eso hay que verlo en cada contexto y momento", se defendió Galiani, sorprendido, y aclaró que una cosa es bajar impuestos a los grandes contribuyentes y otra muy distinta a los trabajadores de menos ingresos.

Otra duda del peronismo dialoguista es la igualación de aportes patronales de las provincias alejadas de la Ciudad de Buenos Aires. Además, el massista Alejandro Grandinetti propuso eliminar el impuesto a las cooperativas; y no hubo mención alguna al IVA a los contenidos digitales, como Netflix o Spotify.

La reunión sirvió para darles bienvenida a muchos diputados electos en octubre, como Martín Lousteau, quien se sumó al reclamo por tener cifras claras, pidió varias precisiones, pero no se quedó a escuchar la respuesta. 

Emilio Monzó no se quiso perder la reunión, como tampoco el retornado Agustín Rossi, jefe de los kirchneristas. Nicolás Massot se sentó al lado de Lousteau pero casi no hablaron y Graciela Ocaña escuchó casi toda la sesión, pero tampoco abrió la boca, a diferencia de la kirchnerista Fernanda Vallejos, de reconocida incontinencia verbal. Fernando Iglesias se dio una vuelta para saludar. 

Los integrantes de la Comisión recién se conocieron esta mañana y Cambiemos no evitó picardías: se quedó con 23 de las 49 sillas y no le dio ninguna a la izquierda, que las tenía hasta la semana pasada y sólo perdió una banca. 

No sería la excepción: Romina del Plá, flamante diputada del FIT y militante de Suteba disidente, no puede lograr garantías de integrar la comisión de trabajo, un clásico de los sindicalistas.