Los senadores peronistas dudaron de la constitucionalidad del proyecto para reformar el sistema de Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) y complicaron su sanción en diciembre, como pretende el Gobierno. 

El proyecto obliga a los trabajadores accidentados a pasar por una comisión médica antes de litigar, con objetivo de evitar que las empresas afronten un juicio aun habiendo pagado la cuota de la ART.

Hace cuatro años Cristina Kirchner intentó resolver el problema con otra ley, que en ese entonces fue objetada por Héctor Recalde y no tuvo el resultado esperado.  

Como contó LPO, el mes pasado Macri envió al Senado  el proyecto, que en concreto propone la creación de comisiones médicas jurisdiccionales como instancia previa y obligatoria al pedido del trabajador a la ART. Es decir, quien se vea afectado ya no irá directamente a la Aseguradora, si no que tendrá una etapa de mediación con esa comisión. 

Esta tarde el ministro de Trabajo Jorge Triaca lo expuso en el Senado pero no fue lo bien recibido que esperaba. “Es un derecho constitucional de todos los ciudadanos la posibilidad de exigir y obtener la tutela judicial efectiva” le cuestionó el chubutense Juan Mario Pais (FpV-PJ).  

 “Muchos de los senadores nos preguntamos si el tema de las comisiones médicas es constitucional o no” planteó  el presidente de la comisión de Trabajo, el pampeano Daniel Lovera, FpV-PJ.

El proyecto aclara que a pesar de ser obligatoria la comisión especial, luego podrá solicitar la revisión en la Comisión Médica Central y después podría recurrir a la instancia de la justicia ordinaria en el fuero laboral.

Pero el golpe más duro lo dio la misionera Sandra Giménez, la última en preguntar, quien le demostró que contradice a la constitución provincial ya que el ministro pidió que las provincias le deleguen los auto seguros. “Misiones no delega facultades a la nación, se debería modificar la constitución provincial y no es posible. Ya antes de empezar la discusión nos quedamos afuera” disparó Giménez.

Triacca había justificado el proyecto con la enorme cantidad de litigios que existen, cada año aumentan los juicios laborales y van en diferente sentido con los accidentes laborales, que bajan cada año.

Gustavo Morón, superintendente de riesgos del trabajo, acompañó al ministro y explicó que el 70% de los trabajadores van a la justicia laboral directamente, pero dentro del 30% que va a la comisión médica, el 85% se resuelve ahí mismo. Al disponer la comisión médica obligatoria se bajaría el número de juicios.

Aseguró que en el Conurbano no hay comisiones y que planean construir al menos nueve para que no tengan que venir a capital ante cada accidente.

La única senadora que se pronunció a favor fue la radical Silvia Giacoppo, quien dijo que “llegará un momento en que la litigiosidad colapsará y se deberán tomar medidas que será lamentable para los trabajadores”, por lo que era necesario un debate rápido.

La comisión continuará mañana con una amplia lista de expositores y el jueves recibirá a la CGT, que puede definir el futuro del proyecto. "Los queremos escuchar" adelantó el neuquino Guillermo Juan Pereyra.

Para no tenerlos en contra, el Gobierno desechó su idea original de trasladar los litigios a la justicia de previsión social, por considerar que el fuero laboral suele favorecer a los empleadores. Ahora le toca convencer a los senadores.