Después de casi dos meses de un pleito de perros y gatos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios y legisladores de Estados Unidos sobre el problema del fentanilo, los dos gobiernos se pusieron de acuerdo. Harán caso omiso de López Obrador, que por razones políticas domésticas está en la negación de la responsabilidad mexicana sobre el problema compartido, y trabajar coordinadamente para enfrentar a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que son los principales introductores de la droga y los precursores químicos a Estados Unidos.

Los dos gobiernos se comprometieron a un esfuerzo conjunto para desmantelar la cadena de suministro de fentanilo en ambos lados de la frontera, que incluye que la Secretaría de la Marina mexicana refuerce la vigilancia en los puertos del Pacífico para impedir la entrada de los precursores químicos que se emplean para la fabricación de la droga sintética, y que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios endurezca la supervisión de los productos químicos que llegan a México para tener un mayor control sobre los cargamentos ilegales.

El presidente López Obrador había afirmado durante varias semanas que México no producía fentanilo, y la posición negacionista llegó al extremo esta semana, cuando el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vocero informal para hablar a las audiencias domésticas sobre el fenómeno de las drogas, dijo que el fentanilo y sus precursores llegaban a México procedente de Estados Unidos, por lo cual era un "problema importado". Un disparate.

Tras el encuentro el jueves en la Casa Blanca del gabinete de seguridad mexicano con funcionarios estadounidenses, las cosas volvieron al carril de la certidumbre para el gobierno de Joe Biden y de una probable mejoría en la cooperación bilateral, de la que México también saldrá beneficiado, pues incluye una mayor vigilancia del tráfico de armas de Estados Unidos a este país. La reunión sirvió también como un bálsamo preventivo a lo que de otra forma hubiera significado una nueva tensión con López Obrador.

Menos de 24 horas después de concluido el encuentro de gabinetes en Washington, el Departamento de Justicia anunció un paquete de acusaciones en dos cortes federales contra el Cártel de Sinaloa, a los que la subprocuradora Lisa Monaco identificó como la principal organización que alimenta la crisis de fentanilo en Estados Unidos, y pidió de manera formal y pública, la extradición de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que el gobierno se ha resistido a concretar.

Durante las semanas previas al acuerdo, la exasperación estaba creciendo en Washington ante la postura negacionista de López Obrador sobre el tráfico de fentanilo desde México, cuya evidencia era monumental.

Un documento desclasificado de la DEA, reveló que el fentanilo en polvo sale de China y la India a través del servicio postal a los puertos del Pacífico mexicano, donde son cortados y diluidos, o presionados en pastillas. Entonces, desde la zona del Triángulo Dorado, que el presidente López Obrador llama el "triángulo de la gente buena", y desde una región entre Tamaulipas y Nuevo León, se envía hacia el Mid West y el Sur de Estados Unidos. Sólo hay una instancia donde los precursores son enviados desde Arizona, para ser procesado en el Triángulo Dorado y reenviado al mercado norteamericano.

Por la frontera Tijuana-San Diego entra el 75% del fentanilo y las píldoras falsas disfrazadas de medicinas, en automóviles, camiones y mulas. Los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, absorben el fentanilo y los precursores para fabricarlos, y son enviados junto con otras drogas en cargamentos transportados por tierra, aire o mar a Estados Unidos. Una vez en territorio estaduonidense, comenzaba una redistribución de la droga que estaba desbordando a las autoridades, crecientemente exasperadas por la forma como López Obrador banalizaba y politizaba el problema.

El Cártel de Sinaloa tiene el control de los centros de distribución en Los Angeles, Phoenix, Denver y Chicago, desde donde se reenviaban en camiones y vehículos privados a través del amplio sistema de autopistas, particularmente hacia la Costa Este y, sobre todo, el noreste, saturando los mercados en los Apalaches, la región montañosa que abarca Terranova, en Canadá, atravesando la región de Nueva Inglaterra, y llegando hasta Alabama, en el sur. En Massachusetts y Connecticut, donde se ubica el centro de la epidemia del fentanilo en ese país, distribuidores dominicanos asociados con los cárteles mexicanos, contribuyen al problema al mezclarla con la heroína y venden a las pandillas en las calles de Nueva York.

Una reciente investigación del Instituto México del Centro Wilson y de InsigthCrime, reveló que los funcionarios estadounidenses consideran que México es el principal punto de tránsito de fentanilo en todo el Continente, cuyos precursores asiáticos entran por los puertos mexicanos. Por tres de los 10 principales puertos mexicanos, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz, se registró el 87% del total de decomisos de precursores químicos entre 2007 y 2018, en contenedores con pedimentos falsos, razón por la cual Estados Unidos presionó a México para que la Marina reforzara la vigilancia y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios hiciera lo mismo con la revisión de los contenedores, y rompan con la cadena de distribución.

La presión de Estados Unidos y el compromiso de México de actuar, intensificará el combate al fentanilo en México, aunque López Obrador diga lo contrario para alimentar a las audiencias domésticas y mantenga su política de "abrazos no balazos", como una estrategia de seguridad que cada vez es menos real en los hechos, no en el discurso, donde se mantiene vigente.

La preocupación en Washington no es sólo por la creciente presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación como un jugador importante en el tráfico de fentanilo, sino porque este redituable negocio está fortaleciendo a organizaciones criminales que estaban muy diluidas, como el Cártel de los Arellano Félix, que está cobrando narco impuestos a los sinaloenses y jaliscienses para introducir por Tijuana su producto, el Cártel de Juárez, los Beltrán Leyva y Los Zetas, que habían sido casi liquidadas en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero que las omisiones de López Obrador dieron esperanzas de nueva vida, a costa de las muertes de estadounidenses.