La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI acordó la suspensión de derechos de militante al todavía gobernador de Veracruz, Javier Duarte y seis de sus colaboradores, en una fuerte decisión de consecuencias impredecibles.

En un hecho histórico y luego de más de una hora de sesión, los integrantes de la comisión dieron trámite a las denuncias en contra de Duarte, abriendo en el tricolor las puertas de una eventual guerra interna de alto voltaje. Ayer la plana mayor del PRI de Veracruz había reclamando al dirigente nacional, Enrique Ochoa, que no cometa el "error monumental" de hacer lugar a las denuncias de la oposición y suspender al gobernador.

Ochoa, lejos de amilanarse hoy avanzó a fondo y no sólo impuso la suspensión de los derechos de Duarte sino de buena parte de su círculo de confianza.

El anuncio de la decisión estuvo a cargo del presidente de la Comisión, Fernando Elías Calles, quien detalló que se llevó a cabo "una revisión minuciosa y una ponderación escrupulosa de los antecedentes, las condiciones jurídicas y de los elementos con que se cuenta", para dar trámite a las denuncias interpuestas supuestamente por militantes del partido contra el mandatario estatal y colaboradores de su gobierno.

La decisión responde a la presión del presidente Enrique Peña Nieto a Ochoa, para que el PRI de muestras de combate a la corrupción y así su administración pueda empezar a tirar por la borda algo del pesado lastre que arrastra en ese asunto.

También participó del anuncio el senador Arturo Zamora, quien aclaró que la resolución de declarar como medida cautelar la suspensión de los derechos de militantes de Duarte fue votada por unanimidad por los siete integrantes de la instancia de justicia partidaria, a consecuencia de "dos denuncias" presentadas por militantes.

Zamora agregó que la medida cautelar no tiene temporalidad y afirmó que a partir de ello, se da a los denunciados su derecho de audiencia y con posterioridad la Comisión tomará su determinación que pueden derivar en dos consecuencias jurídicas una de ellas es la pérdida de la militancia y la otra, la expulsión del partido.

"Esto significa que la Comisión de Justicia Partidaria acaba de tomar una decisión de trascendencia, no hay antecedente de esta naturaleza, es primera ocasión que a un gobernador en funciones se le suspenden de sus derechos partidarios", subrayó.

Afirmó que la decisión tomada es firme y de gran trascendencia que marca al resto de la militancia un principio de ejemplo de que van en serio contra la impunidad.

"A partir de hoy ya iniciamos formalmente lo que podría ser un proceso de expulsión de funcionarios públicos, del partido a Javier Duarte" y seis militantes más.

Previamente, la Comisión determinó separar individualmente los procedimientos de cada denunciado con el fin de garantizar los derechos de los militantes.

Además de acumular las denuncias interpuestas en contra del Gobernador de Veracruz y emitir la medida consistente en la suspensión de derechos del militante a los denunciados, dada la gravedad de las acusaciones y la afectación a la imagen del Partido Revolucionario Institucional.

Se determinó ejercer la facultad de atracción para que esta Comisión se erija como Sección Instructora para la sustanciación de esas denuncias, dada la trascendencia e importancia que tienen para el Partido Revolucionario Institucional.

Asimismo, emplazar a los denunciados con el fin de que aporten los elementos que sirvan para su defensa.