Las Start Up tecnológicas, B-Drive It y Engine Core hasta el año 2019 habían conseguido siete contratos gubernamentales equivalentes a 66.5 millones de pesos, pero de acuerdo a una investigación del diario Reforma, a partir de 2020, la empresas multiplicaron sus contratos 10 veces y pasaron a mantener licitaciones con un valor de 735.5 millones de pesos.Actualmente, las dos compañías participan en 59 contratos por al menos 2 mil 789 millones de pesos.

La explicación de este crecimiento acelerado se debe a la incorporación de Claudia Elena Pérez García, ex funcionaria de la oficina de la Presidencia, como apoderada legal de B-Drive It. Antes de incorporarse a la tecnológica, Pérez García trabajó durante 11 meses en el área responsable de las licitaciones y adjudicaciones de contratos en la Presidencia, bajo las órdenes de uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador, Alejandro Esquer.

No es la primera vez que la "mano derecha" de AMLO, se ve involucrado en escándalos de corrupción, la más reciente es su participación en los relatos hechos por Elena Chávez en el libro, "El Rey del Cash", también vale la pena recordar su participación en la operación carrusel en la cual, militantes de Morena cobraron mediante cheques de caja 42 millones de pesos de un fideicomiso que debió ser para los damnificados del sismo de 2017. Cuando se habla de dinero en Morena y la 4T parece que siempre aparece Equer Verdugo, pues antes de llegar a la presidencia, se desarrolló como secretario de Finanzas del partido.

De acuerdo con datos de la investigación, de 2020 a la fecha, B-Drive obtuvo 55 contratos en el gobierno Federal por 828 millones de pesos, mientras que Engine Core, de fundación más reciente, suma otras cuatro asignaciones por al menos mil 961 millones de pesos.

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El CEO de ambas empresas, Aldo Córdova mencionó que la expansión de las firmas tecnológicas se debe a sus atractivos precios: "La clara mayoría de lo que hemos ganado es por precio, teniendo un margen pequeño pero que nos permite operar y crecer",

Pérez García se incorporó a las filas de la empresa tecnológico apenas 10 meses después de haber abandonado su cargo en la oficina de la Presidencia, lo que contradice a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece que los funcionarios que dejan sus puestos deben esperar 12 meses para incursionar en ámbitos relacionados al cargo que abandonaron, pues podría representar un conflicto de interés.

Otro ex funcionario de la 4T relacionado con el crecimiento exponencial de estas empresas es Héctor Sergio Mendoza Ortiz, quien también aparece en la estructura legal de B-Drive y hasta 2019 se desarrollaba en el área de adjudicaciones y licitaciones en la Coordinación General de @prende.mx.

Por último, el reportaje informa que también hay una funcionaria que trabaja en Fonatur, específicamente en el proyecto del Tren Maya que antes de desarrollarse como servidora pública, colaboró con estas empresas, se trata de Elsa Escobar Mata, quien trabajó en la parte de licitaciones de B-Drive.