El diputado local de Morena, Waldo Fernández, presentó una iniciativa en el Congreso Local para hacer inelegibles a cargos de elección popular a personas que realizan operaciones con "empresas fantasmas".

El legislador morenista consideró imposible que actores involucrados en desvío de recursos o negocios con factureras participen en las Elecciones 2024. Alegó que fractura los intereses de la sociedad, ya que estas acciones se utilizan para financiar ilegalmente algunas campañas.

"Es necesario que los procesos electorales estén libres de recursos que provengan de empresas simuladas, razón por la cual, esta iniciativa propone que esa acción sea causante de inhabiliticación para poder ser elegible para cualquier cargo de elección popular en el estado de Nuevo León", comentó Fernández.

Con la modificación interpuesta, el segundo párrafo del artículo 9 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León quedaría de la siguiente forma: "Serán inelegibles para los cargos de Diputados, Gobernador y para ser miembro de un Ayuntamiento, aquellos ciudadanos que a nombre propio o siendo dueños de accionistas de empresas, hayan celebrado en los tres años previos a la elección negocios...con personas físicas o morales que se encuentren en la relación con contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes emitida por la autoridad fiscal".

Luego de que un medio local señaló que el líder de Movimiento Ciudadano, Glen Villarreal, operó con una red de empresas factureras, Fernández presentó esta iniciativa de reforma en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.

El emecista estaría contemplado por MC para competir en las siguientes Elecciones 2024. Asimismo, actores del PRI y PAN, como Francisco Cienfuegos, Carlos de la Fuente, Seferino Salgado, también se verían afectados con esta reforma al tener investigaciones en su contra por esta clase de delitos.

En caso de que la modificación sea aprobada por el Pleno Legislativo, sería una Ley similar a la de 3 de 3 en materia de género, aunque esta situación fiscal se estaría viendo con un convenio ya existente entre el Instituto Nacional Electoral y el Sistema de Administración Tributaria.