Mañana el viernes el Congreso de Nuevo León buscará votar la Ley de Desarrollo Urbano que ha disparado diversas frenéticas negociaciones entre las bancadas del PRI y del PAN, con el Ejecutivo estatal. 

Densidades verticales, construcciones en pendientes, estacionamientos y el cambio de usos habitacionales unifamiliares a mixtos para crear más desarrollos inmobiliarios son los temas que dominan el debate. La norma es impulsada por el diputado panista Jesús Nava (del grupo de Víctor Pérez) y también busca una concordancia con la norma federal.

Hoy jueves el coordinador del PRI en el Congreso Marco González juntó a los alcaldes de la zona metropolitana para hacer las últimas anotaciones y reparos antes de la votación. El coordinador panista, en tanto, Arturo Salinas negociaba con el Estado que el gobernador Jaime Rodríguez no vete la ley que votará el Congreso.

Es un tema crucial porque involucra a la política y a las constructoras en la previa al año electoral. Y es sabido que estas empresas suelen ser grandes aportantes de campañas. Lo que decida el Congreso puede afectar de algún modo el tablero de este negocio.

En las últimas horas Roberto Russildi, secretario de Medio Ambiente, se ha mostrado contrario a diferentes aspectos de esta norma. Russildi es hombre de Salomón Marcushamer, poderoso desarrollador inmobiliario que por estos días se ha transformado en un entusiasta promotor de la reelección de Adrián de la Garza en Monterrey. Esto porque su empresa está embarcada en el proyecto de "distrito U-ERRE", ambicioso plan urbano confeccionado por Dionisio Garza Sada, dueño de esa casa de estudios y de la familia propietaria del Grupo Alfa.

En paralelo aparece otra figura de fuerte peso con interés en estas cuestiones que es el Diablo José Antonio Fernández, titular de Femsa. El ejecutivo fue el ideólogo del "Distrito Tec" en el sur de la ciudad y está apoyando la campaña de Aldo Fasci para la alcaldía regia.