El candidato a diputado local en San Nicolás de Movimiento Ciudadano, Glen Villarreal Zambrano, volvió a presentar pruebas de supuestos actos de corrupción por parte de actores del PRI, donde predominó el nombre del aspirante a la alcaldía de Monterrey, Adrián de la Garza.

Explicado por Miguel Alfonso Meza, experto en casos de corrupción, desde la Secretaría de Seguridad en su mandato como alcalde regio, De la Garza habría adjudicado 10 millones de pesos a la empresa Murata, misma entidad que fue declarada empresa fantasma por el SAT en 2021.

Dicha empresa se dedicaba a ofrecer servicios en materia de seguridad militar, videovigilancia y espionaje, sin embargo desapareció ante sus irregularidades fiscales.

El señalamiento salpicó a distintos actores políticos de la entidad, principalmente a alcaldes priistas Francisco Cienfuegos y Cristina Díaz en Guadalupe, donde se adjudicó medio millón de pesos; Javier Caballero en Santiago con un contrato de hasta más 1.2 millones y Heriberto Treviño, con un acuerdo de más de 2.1 millones.

Supuestamente la Fiscalía Estatal también le habría adjudicado 116.7 millones de pesos; mientras que el ex presidente Enrique Peña Nieto también se involucró con un contrato de 18.5 millones y el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón con casi 47 millones de pesos.

El caso aumenta su gravedad cuando el supuesto representante de la industria, Nino Paolo Ferrari Rodríguez, acusó mediante redes sociales y ante las autoridades correspondientes un robo de identidad, aparentemente para la creación de esta empresa fantasma.

Asimismo, el supuesto representante de Murata en Monterrey, Martin Adrián Medina López, se convirtió en socio activo de Presto, empresa liderada por Cristian Evaristo Suárez, primo de la candidata al Senado, Karina Barrón, y esposo de Mariana González, suplente de Barrón en San Lázaro.

Los emecistas presentes en la presentación de los presuntos actos de corrupción, salieron sin dar declaraciones al respecto, por lo que no existe información de cuándo se presentarán las denuncias ante la UIF y la FGR, tal y como indicaron.