Más que un país de origen, tránsito o destino, México es "una frontera vertical". Un país que de norte a sur constituye una barrera, un muro simbólico pero real que dificulta el tránsito. La expresión fue acuñada por los propios migrantes que transitan por el país sin documentos, y refleja una postura crítica a la política migratoria basada en el control y criminalización. En esta larga frontera "vertical" que se extiende desde los límites de Estados Unidos hasta Guatemala, las y los migrantes se rebelan y se juegan la vida día a día. Su camino es incierto y el destino puede ser fatal.

La dolorosa imagen de 39 hombres migrantes incinerados por un fuego del que no hubo forma de escapar, fue un caso visible entre miles de historias trágicas que se han perdido en las ciudades fronterizas y entre los caminos más inhóspitos de este país, en los que las personas migrantes se internan al huir -en muchos casos- de un país de origen donde vivir ya no es posible, sea por violencia, pobreza, discriminación, etc., y también terminan huyendo de los grupos criminales y de las autoridades mexicanas.

Al día siguiente de la tragedia, Andrés Manuel López Obrador aseguró, pese a no haber concluido las pesquisas, que el incendio había sido provocado por los propios hombres migrantes como parte de una protesta para no ser deportados. Luego señaló que el centro del Instituto Nacional de Migración (INM), en donde estaban recluidos, pertenecía a una firma privada. En el medio, se presenció un absurdo juego de responsabilidades, en el que la pelota fue disputada entre Relaciones Exteriores y Segob, pero en ningún momento hubo una sola reflexión sobre la violencia institucional persistente ante el proceso migratorio.

La trágica muerte de los 39 migrantes centroamericanos no es un hecho aislado, aunque vuelve a dejar en evidencia la vulnerabilidad de las y los migrantes sin papeles, ya sea por parte del crimen organizado o de las propias autoridades. Tan solo basta recordar episodios vergonzosos, dolorosos, como la masacre de San Fernando, hace ya más de 12 años, en donde fueron ejecutadas 72 personas; o la masacre de Camargo, donde también resultaron calcinados 19 migrantes de Guatemala en 2021.

Estas historias seguirán repitiéndose si las acciones no son más profundas, como exigen las propias problemáticas que atraviesan al fenómeno migratorio. La responsabilidad es del Estado por su falta de interés en una política pública que priorice los derechos humanos. ¿Por qué estos 39 hombres estaban encerrados, cual delincuentes? ¿Por qué el gobierno sigue priorizando cuidar la frontera con Estados Unidos en lugar de dar respuesta a las miles de familias que buscan por años a algún ser querido cuyo rastro se perdió en este país? ¿Por qué la descoordinación entre la cancillería de Marcelo Ebrard y la Segob de Adán Augusto López?

Es verdad que ahora es imperante que el caso se investigue y no quede impune, como suelen quedar miles de casos de personas migrantes muertas o desaparecidas en este país, las cuales ni siquiera figuran en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB): en su registro reporta tan solo 149 personas migrantes desaparecidas o no localizadas desde 1964 hasta este marzo. No es creíble. Tan solo basta contrastar los datos de otros organismos, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que solo para el 2022 contabilizó más de mil hombres y mujeres migrantes desaparecidas. Hay, por lo tanto, una invisibilización sobre esta población.

Castigar a los responsables de esta tragedia es urgente, sí, pero ya no es suficiente. Se trata de un problema estructural que ha crecido sexenio tras sexenio, a la par que lo hacen los flujos migratorios y el endurecimiento en la política migratoria de Estados Unidos.

Sí, se exige que no haya impunidad, pero también la no repetición. Esto sólo será posible si se replantea la estrategia migratoria, si este gobierno decide empezar a saldar esa deuda histórica que existe en materia de derechos humanos. Un camino largo, sin duda, pero que urge transitar.