La turbulencia política que domina la cotidianidad del Gobierno desde el pasado domingo se extiende a la relación bilateral con Estados Unidos. Esto fue evidente ayer miércoles cuando Andrés Manuel López Obrador conversó con el secretario de Transporte del país vecino, Pete Butigieg, con la finalidad de que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) recuperen la Categoría 1 de seguridad que emite el regulador estadounidense.

Según pudo conocer esta redacción, la auditoría realizada sobre los últimos cambios legislativos que impulsó López Obrador para conformar al regulador se complementaron con una seria de visitas de inspectores a aeropuertos de México y a instalaciones de aerolíneas mexicanas en el país vecino. Desde la Secretaría de Comunicaciones y Transporte dicen que todo está en regla y que en 40 días México tendría de regreso su upgrade a la Categoría 1. Pero en Washington todavía hay dudas. Y son políticas.

Butigieg llegó a México con un dossier que dice que los cambios legislativos pueden ser declarados inconstitucionales por parte de la Suprema Corte, que está en su momento de mayor tensión con el Gobierno. El problema no es la norma sino cómo esta se aprobó por parte de los legisladores. Sería un escenario muy complejo si México recupera la Categoria 1 y luego las normas que hicieron eso posible quedaran invalidadas.

La política también pesa al otro lado de la frontera: la degradación de México favorece a las aerolíneas estadounidenses que ganan mercado y compiten menos en el tráfico de pasajeros entre ambos países. Algunos directivos de dichas aerolíneas son entusiastas de la campaña de Joe Biden para su reelección.

El plano aerocomercial es solo una faceta de la inquietud que se alimenta en el Departamento de Estado sobre el tramo final del sexenio de López Obrador. Fundamentalmente preocupa que la lucha por la sucesión afecte la gobernabilidad del país. Por eso no cae bien la salida tan anticipada de Marcelo Ebrard de la Cancillería o la de Adán Augusto López Hernández de Gobernación.

Estados Unidos requiere de un gobierno mexicano consistente para la guerra contra el fentanilo y, especialmente, el drama de la migración descontrolada. Esa arista va a ser determinante en la contienda presidencial de Estados Unidos. Será por eso que el embajador Ken Salazar le dijo al gobernador de Sonora Alfonso Durazo hace dos semanas en su residencia que si López Obrador solucionaba el drama migratorio todos los demás temas eran "asuntos menores".

La problemática migratoria está empantanada porque Washington pretende un cierre total de la frontera sur con Centroamérica. López Obrador concede pero la semana pasada le pidió a la consejera de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, que a cambio Estados Unidos relocalice inversiones en el sur del país y que inyecte millones de dólares para el desarrollo de esa región.

Ambos temas son casi imposibles. Se hizo un primer sondeo desde la embajada de Estados Unidos al sector automotriz y le respuesta fue que no hay infraestructura ni seguridad para llevar plantas al sur. El norte y el Bajío son las opciones preferentes.

Respecto a los fondos para Centroamérica tampoco habría demasiado destino. En ese plano, Sherwood-Randall dice lo mismo que Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional: los fondos disponibles son para ganar la guerra en Europa contra Rusia.

A este escenario llegará el nuevo canciller que López Obrador deberá designar la semana que viene. Todas las miradas apuntan a Juan Ramón De la Fuente, embajador en Naciones Unidas, pero lo cierto es que en diciembre le dijo a algunos allegados que no quería reemplazar a Marcelo Ebrard. Probablemente la vida de diplomático en Nueva York ofrezca más satisfacciones que la conducción de una agenda bilateral cada vez más acorralada por la política, a ambos lados de la frontera.