Eliminar o no la prisión preventiva oficiosa ha levantado el debate nacional. Por un lado, el gobierno de la 4T aboga por suprimir pues en palabras del presidente López Obrador, "la esencia es que se busque impunidad y corrupción", por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación impulsa la iniciativa y será el 5 de septiembre cuando se decida si se elimina la prisión preventiva oficiosa o se mantiene.

"Hace falta que funcione bien la reforma para la defensoría de oficio. Entonces la Secretaría de Seguridad estaría dedicada a eso para permitir la salida de gente que está enferma, que lleva años sin sentencia de manera injusta; delitos que no tienen que ver con el crimen organizado, que no tienen que ver con actos de corrupción o que está demostrado que hubo tortura, por ejemplo", mencionó AMLO durante su mañanera del jueves.

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El ministro de la SCJN, Arturo Saldivar, en lo que podría ser su última controversia como presidente de la Corte, mencionó que, "la Constitución puede tener cualquier tipo de normas, o a partir del Artículo 1 constitucional, y del nuevo parámetro de constitucionalidad, y del bloque de constitucionalidad que forman todos los derechos humanos internacionales y de Derecho Constitucional propiamente dicho, admite cualquier contenido, o ciertos contenidos, que vulneran el núcleo esencial de estos derechos aunque estén en la Constitución, pueden devenir en inconvencionales y en inconstitucionales".

"El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso", el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de México.

El experto en derecho y académico del ITAM, maestro Luis Enrique Pereda, sostiene que la discusión se da por el choque entre acuerdos internacionales que ha suscrito el país y lo que está establecido en el artículo previamente citado.

"Sucede que hay tratados internacionales que México ha firmado que dicen que hay que respetar la presunción de inocencia, ¿cómo respetar la presunción de inocencia si la persona ya esta en la cárcel? Todavía no ha sido sentenciado pero va a llevar su proceso en la cárcel, privado de su libertad, eso es una contradicción", comentó Pereda.

Cuartoscuro

El académico menciona que todo comenzó por un caso y una recomendación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo a México, por el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron en prisión preventiva oficiosa por más de 17 años por su supuesta participación en el asesinato en 2001 de María de los Ángeles Tamez Pérez, ex regidora de Atizapán.

"La contradicción es, primero te meto a la cárcel bajo el párrafo dos del 19 de la Constitución y por el otro lado, México firma tratados internacionales que dicen que hay que respetar la libertad. Eso es una contradicción y no puedes decir que es inconstitucional porque están dentro de la Constitución, cualquier cosa que esté dentro de la constitución es constitucional", subrayó el profesor del ITAM.

Señaló que en casos donde existieran este tipo de contradicciones, la Suprema Corte en el expediente 293 decidió que debería de ganar la constitución.

Pereda coincide con la visión del presidente sobre que eliminar la prisión preventiva oficiosa puede generar un clima de inseguridad, pero con sus matices, "se puede prestar para liberar a la delincuencia y al crimen organizado, para que aumente la inseguridad, pero tambièn se puede prestar para el polo opuesto, se puede prestar a que la gente que es inocente que esté en prisión".

Por último, el entrevistado menciona la importancia de debatir este tema, "se vive una discusión muy interesante en el país, producto de un caso que esta en la corte Interamericana de Derechos Humanos, del expediente 293 de la suprema corte mexicana y dos lecturas completamente diferentes de la constitución, una que es protectora de Derechos Humanos y otra que es protectora del Estado".