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Colombia después del terremoto: pobreza, violencia y una histórica ausencia del Estado
En Quibdó, epicentro del sismo que marca el inicio del nuevo gobierno, LPO recorrió una de las regiones más golpeadas por la pobreza y el conflicto armado.

LPO llegó hasta Quibdó, capital del departamento del Chocó, en el oeste colombiano y a orillas del río Atrato, para conocer las consecuencias que dejó el terremoto de 7,4 grados que sacudió al país el pasado lunes. El epicentro estuvo en San José del Palmar, un municipio ubicado en el interior del departamento y rodeado por una geografía que históricamente ha dificultado las comunicaciones con el resto de Colombia.

El terremoto volvió a resaltar las dificultades que atraviesan las comunidades del Chocó. En una región donde el acceso a servicios básicos, salud, infraestructura y transporte ya presenta enormes dificultades, un desastre natural puede multiplicar rápidamente las condiciones de vulnerabilidad de la población.

Paola y Antony Roldán todavía no saben qué harán después del terremoto. Los dos hermanos se encontraban en su casa del barrio Piñal de Medrano, en el sur de Quibdó, cuando el sismo sacudió la ciudad durante la mañana del lunes. Lograron salir antes de que la vivienda se desplomara, pero perdieron prácticamente todo lo que tenían. "Hay que hacer algo, no nos podemos quedar aquí esperando, porque no llega la ayuda. Los amigos y los vecinos nos están ayudando. Somos los que estamos acá. El lunes fueron los vecinos y la familia los que nos ayudaron a salir", contó Paola a LPO.

Una retroexcavadora trabaja quitando los escombros de la casa donde habitaba Paola y Antony Roldán.

La única pérdida de un ser vivo fue la de una de sus mascotas, una perrita que quedó atrapada entre los escombros y la casa quedó completamente reducida a escombros. Ahora, los hermanos intentan recuperar lo que puedan y retirar los restos de la vivienda. "Queremos sacar todos los escombros y después veremos qué hacer. No tenemos planes a futuro", explicó Antony.

Según relatan, hasta el momento la respuesta oficial se limitó a un censo realizado por la Gobernación y aún no saben si la ayuda humanitaria que se envía desde las distintas ciudades del país y también desde el exterior, llegará a sus manos. "Vinieron a hacer un censo y nos preguntaron qué necesitábamos. Después no tuvimos más respuesta", señaló.

La vulnerabilidad del departamento no comenzó con el terremoto. Chocó registra desde hace años algunos de los mayores niveles de pobreza del país y enfrenta enormes dificultades de conectividad entre sus municipios. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2025 el 65,3% de la población se encontraba en situación de pobreza monetaria, muy por encima del promedio nacional, mientras que la pobreza monetaria extrema también se mantiene entre las más altas de Colombia. Esta realidad se suma a los problemas históricos de acceso a servicios públicos, atención sanitaria, transporte y educación, especialmente en las comunidades rurales y más alejadas de las cabeceras municipales.

"El terremoto es una lección para que De la Espriella entienda que desmontar el Estado es renunciar a gobernar Colombia"

En este contexto, el terremoto no solo destruyó viviendas o infraestructura, también expuso las dificultades que existen para llegar rápidamente hasta quienes necesitan ayuda. La geografía del Chocó, atravesada por ríos, selva y zonas de difícil acceso terrestre, hace que muchas comunidades dependan del transporte aéreo o fluvial para comunicarse con los principales centros urbanos.

Durante el vuelo de la aerolínea estatal SATENA con destino a Quibdó, LPO dialogó con el congresista James Mosquera, representante de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), creadas a partir del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Mosquera asumió su primera curul en 2022 y fue reelegido en las elecciones legislativas de 2026. Las Circunscripciones Especiales de Paz fueron creadas para garantizar representación política a comunidades particularmente afectadas por el conflicto armado y tienen vigencia hasta 2030.

El Chocó es precisamente uno de los territorios donde la violencia y la ausencia estatal se entrelazan desde hace décadas. La región fue escenario de algunos de los episodios más graves del conflicto armado colombiano y, tras la desmovilización de las FARC, otros grupos ocuparon buena parte de los territorios que quedaron vacíos.

Muchas de las viviendas en Quibdó quedaron totalmente destruidas.

"Luego del 2016, con la salida de las FARC, no llegó la presencia del Estado a ocupar esos sitios o esos territorios que habían dejado. Entonces comenzó a acrecentar la presencia del Ejército Gaitanista de Colombia, que en ese momento se llamaba Clan del Golfo. También comenzó a haber más presencia del ELN, que anteriormente eran pocos hombres que estaban en el Chocó y comenzó a llegar delincuencia común, pero también otros actores como los ‘mexicanos'", relató Mosquera a LPO.

Para el congresista, el problema no estuvo solamente en la salida de las FARC, sino en la falta de una respuesta estatal capaz de ocupar esos territorios con instituciones, servicios y oportunidades económicas. "No hubo respuesta en esos años de paz en el departamento de Chocó. No hubo presencia del Estado, no hubo presencia del Gobierno", sostuvo.

Con el gobierno de Gustavo Petro se reactivaron los diálogos entre el Estado y diferentes grupos armados, aunque varias de esas negociaciones terminaron sin resultados concretos o fueron suspendidas. Ahora, con la llegada del nuevo presidente Abelardo de la Espriella y su promesa de aplicar una política de "mano dura" contra los grupos criminales, en el Chocó existe temor de que la confrontación vuelva a intensificarse.

El congresista James Mosquera, representante de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), en el aeropuerto de Quibdó.

"Lo que nosotros no queremos es perder la esperanza. Hemos sufrido tanto la violencia que no queremos que los avances logrados durante el gobierno de Petro, con la convocatoria a mesas y diálogos de paz con cada uno de los actores armados, sean borrados de un solo tajo por este nuevo gobierno que se inició hace pocos días", agregó el parlamentario.

El temor tiene una explicación, en varias zonas del departamento, los habitantes han quedado históricamente atrapados entre los grupos armados y las operaciones de la fuerza pública. Para Mosquera, una nueva escalada de violencia volvería a tener como principal víctima a la población civil. "La gente en el territorio está temerosa. La gente en el territorio no quiere que haya más enfrentamientos del Estado contra los actores armados, porque por medio está una población civil que siempre está en el desamparo y somos los que sufrimos", sostuvo.

Los muertos siempre los pone el pueblo y eso es lo que no queremos nosotros.

El congresista señaló además que detrás de la expansión de los grupos armados existe una realidad social que no puede resolverse únicamente mediante operaciones militares. Miles de jóvenes que no encuentran oportunidades de estudio o empleo terminan expuestos a las economías ilegales. "Los miembros del Ejército Gaitanista son los jóvenes que no tuvieron posibilidades de estudiar, los jóvenes a los que no se les han ofrecido posibilidades de trabajo, los que son obligados o que por sobrevivir se hacen parte de esos actores armados", afirmó.

En el Chocó, el terremoto se suma así a una lista de tragedias que la población conoce demasiado bien. Inundaciones, violencia, pobreza, aislamiento y ahora un terremoto forman parte de una realidad en la que la emergencia no termina cuando deja de temblar la tierra. "Los muertos siempre los pone el pueblo y eso es lo que no queremos nosotros. Y que, sobre todo, la gente del interior del país entienda que nosotros, en territorios como el departamento del Chocó, además de enfrentar la violencia, tenemos que enfrentar la pobreza, tenemos que enfrentar las inundaciones y ahora el terremoto", concluyó Mosquera.

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