El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) separó del cargo a cinco funcionarios de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, incluido su titular Francisco Javier Pérez Maqueda, tras el hallazgo de cerca de 4 millones de pesos ocultos en un vehículo adscrito a esa área.

El órgano rector de jueces y magistrados informó que inició una investigación administrativa en la Contraloría del Poder Judicial de la Federación y denunció los hechos ante la Procuraduría General de la República.

Aunque el descubrimiento del dinero se realizó la semana pasada gracias a una llamada anónima, y que se reveló ayer, el CJF no aclaró en su comunicado cuándo fue que Pérez Maqueda y el resto de funcionarios fueron separados de sus cargos.

"Es importante subrayar que las indagatorias, por su naturaleza, implican la reserva de datos hasta en tanto las misma concluyan y, por lo tanto, conforme al principio de inocencia, este cuerpo colegiado no prejuzga sobre la actuación de tales servidores públicos", señaló el Consejo en su comunicado.

"No obstante, el Pleno del CJF hace manifiesta su determinación de actuar con toda la contundencia y continuidad que le permiten sus facultades para esclarecer estos hechos y en contra de quienes resulten responsables de algún acto ilícito", se lee en la tarjeta informativa.

Fuentes consultadas aseguran que el exfuncionario ha declarado a las autoridades que el dinero no es suyo, que le fue "sembrado" mientras estaba de viaje en Nayarit. La PGR tendrá a su cargo todas las indagatorias ministeriales para determinar la existencia del delito y el monto efectivo encontrado en el vehículo, indicó la Judicatura.

En tanto, en la revisión de la Cuenta Pública 2015, año en que Pérez Maqueda llegó al CJF, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en contratos por 251 millones de pesos para la construcción de los Centros de Justicia Penal y salas de juicio oral en la CDMX y en Nuevo León.

Según el órgano fiscalizador, la Dirección de Inmuebles y Mantenimiento no realizó en algunos casos la investigación de mercado que determinaría el presupuesto base que serviría como marco de referencia para adjudicar tres contratos de obra pública.

A Pérez Maqueda le correspondió conocer de las adjudicaciones a la Sedena para la construcción de los centros de Justicia Penal en las que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades.