La activista y actual candidata al Senado por Morena, Nestora Salgado, retó al candidato José Antonio Meade a probar sus acusaciones de secuestro, luego de que el priista sacara a relucir su nombre al hablar de la situación de violencia del país.

En uno de los pocos momentos en que el ex secretario de Hacienda logró imprimir tensión en el debate, aprovechó una pregunta ciudadana en torno a la violencia e inseguridad que vive el país para leer un expediente que retrataba una situación de secuestro y que refería precisamente a Nestora.

"Y aquí hay una historia donde podemos escuchar las dos cosas, una historia de armas y una historia de impunidad. Les voy a leer lo que salió de un expediente, de una gente que salió libre porque la policía hizo su trabajo: 'soy la comandante Nestora Salgado y sólo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5 mil pesos.Así que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija", leyó el candidato priista.

Prosiguió: "Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena; una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia", acusó duramente.

De manera inmediata, la fundadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, acusada de secuestro contestó en su cuenta de Twitter: "La difamación es un delito @JoseAMeadeK y te reto públicamente a que pruebes tus afirmaciones. Ya basta de que tú y el #PRI criminalicen a los luchadores sociales. ¡No nos vamos a dejar! #MeadeMiente", escribió.

Salgado es una figura controversial y defendida por Morena, pues se asegura que fue presa política. La activista enfrentó siete procesos penales. De éstos, cinco están concluidos: el de delincuencia organizada y cuatro más por secuestro y en todos los casos fue absuelta por falta de pruebas.

Estuvo dos años y ocho meses presa sin sentencia, pero organismos nacionales e internacionales por los derechos humanos ejercieron una fuerte presión, y cuetna con el respaldo de la ONU y la Comisión Interamericana de los derechos humanos (CIDH).

En febrero del 2016 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que su detención fue arbitraria e ilegal y exigió su liberación inmediata, informó un representante legal de la activista.