El Partido Acción Nacional presentó una nueva denuncia relacionada con el proceso electoral en Coahuila, en contra del gobernador priista Rubén Moreira; la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Verónica Martínez García, y del candidato del PRI a la gubernatura, Miguel Ángel Riquelme, por hechos que se acreditan en dos videos, con los que se confirman la comisión de diversos delitos.

En ambos videos, cuyos hechos están notariados, se acredita cómo la red del PRI opera en puntos estratégicos el abastecimiento de dádivas, como despensas, tinacos, bultos de cemento, entre otros. Las encargadas de entregar estos insumos a cambio de credenciales de elector y comprobantes de domicilio son las habitantes de dichas casas.

En el caso de las despensas, éstas fueron obtenidas con recursos del gobierno del estado, ya que en pleno proceso electoral se llevó a cabo la licitación de las mismas bajo el número de licitación CE-905002984-E12-2017, con lo que se adquirieron dos millones de ellas.

En el primer video, con duración de 6 minutos y 49 segundos, grabado el 8 de mayo con una cámara oculta en la calle Francisco Zarco Norte, número 646 bis, Colonia Cuarto de Cobián Centro, en el municipio de Torreón, dos mujeres, miembros de la red priista, condicionan el voto a favor del PRI y recaudan credenciales de elector y comprobantes de domicilio a cambio de despensas. Así lo confirmaron un ciudadano y el Notario Público que lo acompañó.

En el segundo video, del 10 de mayo, con duración de 6 minutos y 15 segundos, los mismos ciudadano y notario asistieron de nueva cuenta al domicilio, donde una de las dos mujeres del video anterior confirma la entrega de apoyos y asegura que si gana el PRI habrá mayores beneficios. En la evidencia, también notariada, la mujer pide al ciudadano votar por tres candidatos del PRI: Miguel Ángel Riquelme Solís, Miguel Felipe Mery Ayup y Mario Cepeda.

La grabación de estos hechos fue posible gracias a las denuncias que se hicieron llegar a Acción Nacional, sobre la operación que se realiza en dicho domicilio y que debe ser investigada a fondo por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), para imponer las sanciones correspondientes, por lo que se podrían imponer penas de hasta 9 años de prisión.

Esto se suma a las quejas que ha presentado el partido en los órganos electorales. De esta manera, el PAN deja en claro que no dejará de denunciar ni una sola de las intervenciones ilícitas del gobierno en la elección. Por ello, hace un llamado a los ciudadanos a que sigan enviando sus denuncias, a través de la aplicación "Observador" que puede descargarse directamente en sus teléfonos inteligentes.