El pasado viernes Andrés Manuel López Obrador estuvo en San Luis Potosí y conversó con el gobernador Ricardo Gallardo la posibilidad de nacionalizar la empresa privada que opera el acueducto El Realito, firma apuntada por Gallardo por tener un contrato supuestamente ventajoso y una operación deficiente que afecta el suministro de líquido en la entidad.

El suministro del agua es uno de los temas clave en el discurso presidencial y de ahí que por estas horas en Palacio Nacional se menciona la posibilidad de pioner fin a la concesión de poco más de treinta años y que la Federación atraiga la operación del acueducto.

Sería un segundo arrebato expropiador tras la venta de la plantas de Iberdrola. Solo que el presidente espera que este redunde en aceptación aunque sea a nivel regional: el caso Ibedrola no mejoró la percepción presidencial en las encuestas que mira el Gobierno y no se recuperó el terreno perdido por la tragedia migratoria de Ciudad Juárez. El gran público no terminó de entender el episodio Iberdrola.

El presidente está molesto con Gallardo, más allá de lo que quieran instalar los propagandistas del gobernador potosino. No solucionó el drama de la inseguridad y la crisis de la falta de agua se ve agravada por un dato que llega a Palacio desde Segob: la familia directa de Gallardo tiene intereses en empresas de suministro de agua a través de pipas. 

Para la lógica presidencial, Gallardo, a pesar de ser del Partido Verde, es considerado un gobernador propio porque esa posición la cedió Morena con cierto grado de acuerdo luego de una negociación entre López Obrador y los principales actores de dicho partido satélite. El fracaso de Gallardo golpea al Gobierno. 

Gallardo, para colmo, le habla mal a López Obrador del titular de la Conagua Germán Martínez Santoyo. Otro error porque este funcionario tiene el afecto presidencial.

Como sea, el Gobierno está considerando la nacionalización en San Luis Potosí. El problema es que el acueducto es operado por Aqualia, firma española sobre la cual Carlos Slim tiene mucho peso y está en su paquete de accionistas a través de la constructora FCC. 

Esta empresa fue rescatada por Slim y su participación alcanza el 76% de la misma.  Ha inyectado en FCC más de 1700 millones de euros. FCC tiene el 51% de Aqualia que es la cuarta empresa de gestión del agua de Europa y la novena del mundo.

En el ejercicio 2020, la empresa facturó 1.188 millones de euros con una cartera de negocio superior a los 15.000 millones de euros. El capital de la compañía pertenece al grupo de servicios ciudadanos FCC (51%) y al fondo australiano IFM Investors (49%).

Aqualia, originaria de Galicia, además tiene buena relación en el actual gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, lo cual le agrega otra complejidad a una eventual nacionalización.