La Ley en Materia de Propaganda Gubernamental se discute en el Congreso de la Unión; en teoría, al mismo tiempo en ambas cámaras. De acuerdo con la oposición, parece haber una prisa en la bancada del PRI y sus aliados para aprobar la legislación, sin discutirla a fondo, y excluyendo las propuestas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios.

En opinión del coordinador de los diputados federales del PRD, Francisco Martínez Neri, el dictamen de la presidenta de la Comisión de Gobernación de San Lázaro, la priista Mercedes Guillén (con fecha de discusión para el próximo martes 3 de abril), está "incompleto", "lleno de inconsistencias" y "no cumple con los requerimientos que el tema demanda".

"Están pretendiendo que mañana martes 3 de abril se vote en comisiones, cuando hay tiempo suficiente para enriquecer el documento y que de verdad regule la publicidad gubernamental. Desde ahora les decimos al PRI y sus aliados basta de simulaciones, basta de querer seguir engañando a la ciudadanía, de querer una ley a modo, no lo vamos a permitir", dijo Martínez.

"Esto no sólo es un intento de madruguete, sino de imponer una iniciativa porque allá [en la Cámara de Diputados] tienen mayoría", declaró la senadora Martha Tagle a Reforma, cuya posición comparten no sólo en los partidos que integran la coalición del "Por México al Frente" (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), sino también en Morena y el PT.

Para las ONG´s autoras del amparo sobre el que la Suprema Corte discutió, el marco normativo que debería aprobar el Congreso tendría que garantizar el buen ejercicio del gasto en comunicación social, mediante el cumplimiento de criterios básicos como son la eficiencia, la eficacia y, principalmente, la transparencia.

"De ser aprobado sería muestra de una simulación flagrante de la garantía a la libertad de expresión y viola los acuerdos de parlamento abierto que esta legislatura ha adoptado con la sociedad", advirtieron Fundar y Article 19.

"El artículo 7 del predictamen -continúan- prevé que se exenta de regulación de esta ley los pagos que se hagan a los medios de comunicación para publicar 'disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales y demás información sobre las actuaciones gubernamentales que deban publicarse o difundirse por mandato legal'... Esta situación abre la puerta a la corrupción y el desvío de recursos de uno a otro concepto".

En total, las organizaciones enlistan cinco puntos por los que consideran que el dictamen que discutirán los diputados viola la Constitución y los tratados internacionales que México ha suscrito. "Peor aún, el documento institucionaliza malas prácticas y atenta directamente contra un estado democrático y de derecho", reprocharon.