Las empresas que proveen de alimentos a las cárceles del Servicio Penitenciario Federal denuncian que el Gobierno nacional les debe más de 4 mil millones de pesos y peligra el abastecimiento de comida para los presos.
Las prestadoras del servicio denuncian que las irregularidades en los pagos comenzaron hace siete meses y que ahora se cortaron directamente. De hecho, hace 90 dÃas que no facturan por disposición de las autoridades.
Los proveedores dicen que se trata de una crisis sin precedentes en los últimos 30 años y apuntan a la interventora del SPF, la ex jueza y fundadora de Justicia LegÃtima, MarÃa Laura Garrigós de Rébori.
Entre los empresarios hablan de un desmanejo de los fondos por parte del SPF y sostienen que el presupuesto asignado a la emisión de las órdenes de compra abierta anual para la provisión mensual de alimentos fue utilizado en otros gastos.
El SPF maneja más de 30 cárceles en todo el paÃs y en ellas hay más de 13 mil personas detenidas. Las empresas que proveen las cuatro raciones diarias de alimentos dicen ahora que en algunas de esas cárceles podrÃan faltar comidas, con el riesgo de crisis que eso conlleva.
Entre los proveedores dicen que los atrasos y la falta de pago los llevaron a financiarse a tasas exorbitantes, lo que ha provocado que algunas de ellas se encuentren al borde de la quiebra.
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