El Gobierno desempolvó una herramienta utilizada durante las privatizaciones de los 90 para ponerle precio a las empresas públicas que Javier Milei quiere vender. Se trata del método de flujo de fondos descontados, que calcula cuánto vale una compañía a partir de los ingresos que puede generar en el futuro y no por el valor de bienes que acumuló durante décadas. 

El tema quedó en el centro de la discusión después de la presentación de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, ante la Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Fue la primera exposición del funcionario ante la comisión desde que Milei puso en marcha el proceso. 

Chaher defendió el programa, pero buena parte de las preguntas sobre las valuaciones quedó atrapada entre argumentos de confidencialidad, seguridad y secreto comercial. A eso se suma una decisión todavía más llamativa. 

El Gobierno estableció que las tasaciones utilizadas en los procesos de privatización pueden mantenerse bajo reserva durante diez años. De esta manera, el dato que permite saber cómo se construyó el precio de una empresa pública puede quedar fuera del escrutinio público incluso mucho después de concretada la venta. 

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Una confidencialidad inusual para procesos en los que el Estado se desprende de activos públicos y en los que la propia Ley Bases creó una comisión bicameral para controlar su desarrollo

El antecedente que inquieta a la oposición viene de los 90. La Ley 24.065 incorporó el flujo de fondos descontados para las privatizaciones del sector eléctrico. La discusión reapareció tres décadas después porque el Gobierno utiliza una lógica similar para desprenderse de activos públicos. 

El Gobierno estableció que las tasaciones utilizadas en los procesos de privatización pueden mantenerse bajo reserva durante diez años. 

El punto es sensible: pequeñas modificaciones sobre los ingresos futuros, las tarifas proyectadas o la tasa utilizada para descontarlos pueden producir diferencias enormes en el precio final. 

El caso Transener ofrece una pista. Cuando comenzó la venta de las acciones de Enarsa en Citelec, controlante de la transportista eléctrica, el Tribunal de Tasaciones informó que no podía realizar la valuación con sus normas. Economía dejó asentado que el valor de Citelec no estaba determinado por sus activos físicos sino por "los ingresos que los derechos sobre estos pueden generar". La tasación terminó en manos del BICE que maneja el Ministerio de Economía.  

La discusión tiene además un antecedente explosivo en YPF. Cuando el Estado recuperó el control de la petrolera en 2012, el Tribunal de Tasaciones trabajó sobre el valor patrimonial de los activos. El organismo también había intervenido técnicamente en causas internacionales de la Argentina ante el CIADI. La diferencia entre aquella mirada patrimonial y la lógica financiera que reaparece ahora encendió las alarmas entre los especialistas que siguen las privatizaciones. 

El problema es que el Congreso llegó tarde a la discusión. La Ley Bases fue sancionada en julio de 2024 y dejó un grupo de empresas sujetas a privatización, pero la Bicameral encargada de seguir esos procesos recién se constituyó el 14 de octubre de 2025.

Los legisladores opositores reclamaron durante meses la documentación de las privatizaciones y terminaron recibiendo más de 10 mil páginas 48 horas antes de la reunión informativa con el responsable del proceso de privatizaciones. El volumen fue monumental, pero no despejó la pregunta más sencilla: cuánto valen las empresas y cómo se llegó a ese número. 

Los legisladores opositores reclamaron durante meses la documentación de las privatizaciones y terminaron recibiendo más de 10 mil páginas 48 horas antes de la reunión informativa con el responsable del proceso de privatizaciones. 

Lo cierto es que mientras el Congreso pedía los papeles, el Gobierno siguió vendiendo. En mayo adjudicó por 356 millones de dólares la participación estatal en Citelec a Genneia y Edison. El precio base había sido fijado en 206 millones. Semejante diferencia suscita suspicacias. 

Después de la exposición de Chaher, los legisladores de Unión por la Patria mantuvieron una reunión con trabajadores y técnicos de las empresas alcanzadas por las privatizaciones. Allí resolvieron analizar impugnaciones sobre los procedimientos de valuación. El foco estará puesto en Nucleoeléctrica, AySA, YCRT, Enarsa y las centrales térmicas. 

La pelea que viene ya no pasa solamente por privatizar o no privatizar. Esa discusión la resolvió el Congreso cuando aprobó la Ley Bases. Ahora la pregunta es mucho más terrenal: quién pone el precio y con qué método.