La meta de déficit fiscal del FMI para 2023 es de 1,9% del PBI. La diferencia respecto del 2,4% de 2022 no es mayúscula, pero enfrenta varios desafíos y uno de los más grandes es la inconsistencia entre objetivos dentro del equipo de Gobierno. A priori, el ministro de Economía busca reducir la inflación y achicar el gasto, mientras su par de Trabajo quiere que los salarios le ganen a la inflación.

Este escenario no es novedoso. En los últimos años el planteo fue el mismo con Guzmán y también con Dujovne, pero lo cierto es que cada vez que se planteó esta pluralidad de objetivos, lo que terminó sucediendo fue que la inflación se encargó de hacer la tarea sucia. Solo con inflación más alta que la pasada, se licuaron el gasto público en salarios y en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y así se contuvo o achicó el déficit. Por el contrario, con expansión real de los salarios, el gasto no se redujo.

La economía cayó por tercer mes consecutivo impactada por las restricciones a las importaciones y la sequía

Para este año, en el entorno de Kelly Olmos explican que la intención de la ministra de Trabajo es buscar la recomposición de los salarios. "No solo por vía nominal, sino también quebrando la alta inflación porque eso implicará mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores", afirman.

La propia ministra lo explicó: "El objetivo sería converger hacia el nivel pautado de inflación más algún punto de recuperación (de los salarios). Lo que estamos haciendo este año, con responsabilidad primaria del ministro de Economía, ha sido conversar con los distintos actores sobre la necesidad de ir convergiendo hacia una desaceleración de la nominalidad y de la inflación como método de recuperación de la capacidad adquisitiva".

Los salarios perdieron 2,81% de su poder adquisitivo en 2022, conforme al índice que promedia los salarios de trabajadores estables (RIPTE). Por eso, en el último tramo de las paritarias de 2022, los sindicatos buscaron recuperar lo perdido contra la inflación y un poco más también, con la venia de Kelly Olmos. Así, los estatales cerraron días atrás paritaria con un aumento del 97% para el período de abril de 2022 a abril de 2023, los de comercio cerraron en 98% hasta marzo, los de la construcción acordaron 105% y los del calzado, 113%.

El objetivo sería converger hacia el nivel pautado de inflación más algún punto de recuperación (de los salarios). Lo que estamos haciendo este año, con responsabilidad primaria del ministro de Economía, ha sido conversar con los distintos actores sobre la necesidad de ir convergiendo hacia una desaceleración de la nominalidad.

De esta forma, con aumentos del orden del 25% para los primeros 4 meses de 2023, las pautas salariales le meten presión a la inflación de este año que, el ministro Massa busca que se acerque al 60% anual y según conversó con los líderes de la CGT, pretendía que los salarios acompañen esa franja. 

Pero la suba de salarios por encima de la inflación, no sólo golpea los planes de Economía en materia de estabilización, sino que también choca de lleno con la meta fiscal. Es que más de la mitad del gasto público se ajusta por la evolución de los salarios ya que la fórmula de movilidad jubilatoria depende en partes iguales del RIPTE y de la recaudación de la Anses.

Si se toma el gasto público de fines de 2022, el 13% eran salarios y 38,3% eran jubilaciones, pensiones contributivas y asignaciones familiares, es decir conceptos que dependen de la fórmula de movilidad jubilatoria que responde en partes iguales a la recaudación de la Anses y a la evolución de los salarios en el trimestre anterior.

Dicho de otra forma, estos conceptos explicaron por si solos un déficit fiscal primario del 1,2% del PBI el año pasado. Y si los salarios crecieran por encima de la inflación, más de la mitad del gasto público automáticamente crece en términos reales partiendo de un nivel que ya representa dos de cada tres pesos de todo el déficit avalado por el FMI.

La única forma de evitar que este aumento del gasto se transforme en aumento del déficit es con más recaudación. Pero, el oficialismo se enfrenta a la negativa de la oposición para incrementar los impuestos y a la estanflación que amenaza 2023 ya que, como confirmó el Indec, desde septiembre la economía se está contrayendo.

Cerca de la ministra de Trabajo son más que optimistas: "En 2023 habrá inversiones externas directas e incremento de exportación en energía, minería y economía del conocimiento, lo que van a impulsar el fortalecimiento de las reservas y la recaudación, mejorando la expectativa".

Sergio Massa y la titular de la Anses, Fernanda Raverta.

En el sector privado no comparten ese optimismo. Las proyecciones del último REM hablan de estanflación con los precios moviéndose al 100% anual y la actividad al 0,5% promedio. Además, hay que tener en cuenta que el 2,4% del PBI de déficit de 2022 se logró gracias al adelanto de recursos y divisas del dólar-soja y a la postergación de erogaciones que este año se harán notar. Así, llegar al 1,9% no requeriría de un recorte del 0,5% del PBI, sino de uno del 1,3% del PBI, de acuerdo a los cálculos de la consultora Equilibra, para la cual "el rojo primario habría totalizado 3,2% del PBI" en 2022.

El fallo de la Corte le mete presión a la meta fiscal con el FMI para 2023 

Si a esta cuenta se le incorpora el 0,15% del PBI adicional que Massa deberá sacar de la coparticipación en caso de cumplir con el fallo de la Corte en favor de la Ciudad de Buenos Aires, entonces el esfuerzo del ajuste necesario para llegar a la meta fiscal del FMI se dispara a 1,45% del PBI.

De allí que los economistas consultados descarten que sea posible que el Gobierno cumpla con la meta del FMI, pero también que se cumplan las intenciones de Kelly Olmos que los salarios le ganen a la inflación. Las proyecciones marcan la necesidad de Economía de usar la inflación para licuar el gasto público en salarios, jubilaciones, asignaciones y pensiones, además de aplicar recortes en todas las demás partidas.

 El FMI sabe que es una reducción del gasto vía licuación por inflación. El Gobierno no va a resolver el problema del déficit fiscal, lo va a contener entre 2% y 2,5% del PBI.

Por ejemplo, para el equipo de Equilibra que dirige el economista Martín Rapetti, la meta del 1,9% del PBI no se cumplirá, en parte por la sequía y el adelantamiento de la liquidación de exportaciones, junto con el estancamiento de la actividad económica, que reducirían los ingresos fiscales; y por el otro lado, debido a que "los gastos treparían por los rezagos en la fórmula de movilidad y la implementación de medidas electorales".

Martín Polo, economista y jefe de estrategia de Cohen, explicó a LPO que: "El Gobierno apunta a tener algo de suerte en el tema de tarifas y subsidios por el hecho de que haya bajado el costo del gas y supuestamente se necesiten menos importaciones, con eso aspiran a ahorrarse un par de puntos de déficit. También como la inflación no va a bajar, seguirán licuando gastos por el rezago de la fórmula de movilidad jubilatoria. Creo que esto es lo único a lo que aspira el Gobierno. Y el FMI también sabe que es una reducción del gasto vía licuación por inflación. En nuestro último informe precisamente planteamos el poder que puede tener el Gobierno para que la licuación se mantenga y no tenga la presión de ajustar un poco más".

"El Gobierno no va a resolver el problema del déficit fiscal, lo va a contener entre 2% y 2,5% del PBI. Y con el perfil de vencimientos de deuda en pesos de 4% del PBI, lo que pueda ahorrar es casi marginal frente al desafío de financiar esa pelota de pesos que vence casi toda en el segundo trimestre", concluyó Polo.