La jueza Loretta Preska, reemplazante de Thomas Griesa en los litigios por el incumplimiento de pagos con los holdouts y responsable del fallo contra Argentina por la expropiación de YPF, rechazó embargar las reservas del banco central.

A pesar de haberle dado la razón a Bainbridge en su reclamo debido al incumplimiento de pagos por un monto de 96 millones de dólares, Preska falló contra el embargamiento de las reservas regidas por la ley Foreign Sovereign Immunities (Act -FSIA), la cual establece la inmunidad los activos no comerciales de las entidades estatales ante la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos.

La jueza dictaminó en su fallo que "La República Argentina se opone al dictado de una orden que le establezca la rotación de los activos en poder del Banco Central de Argentina argumentando, entre otras cosas, que los activos son inmunes a la rotación en virtud de la FSIA porque se encuentran fuera de Estados Unidos y que Bainbridge no ha demostrado que los activos estén sujetos a ejecución una vez introducidos en Estados Unidos en virtud de la FSIA".

En oposición al argumento argentino, Bainbrige sostuvo ante la jueza que los activos de la República no son inmunes a su ejecución debido a las amplias renuncias de la República Argentina a la inmunidad soberana contenidas en los documentos que rigen los bonos defaulteados. "La República renunció al requisito de que el activo se utilizara para la actividad comercial en los Estados Unidos e incluso si la República no renunció al requisito de actividad comercial, los activos relevantes se utilizaron para la actividad comercial en los Estados Unidos."

Aunque Prieska consideró que el tribunal cuenta con la potestad para ordenar a un soberano el embargamiento de activos depositados en el banco central argentino para ser entregados en Nueva York, el fallo concluye que el fondo "debe proporcionar la base probatoria para hacerlo antes de que el Tribunal pueda ejercer esa potestad. Por lo tanto, la moción de Bainbridge es denegada sin perjuicio de renovarla si, y cuando, pueda hacerlo".

Luego del fallo, una fuente de alto nivel del Banco Central afirmó a LPO que "Es un fallo que ratifica la jurisprudencia internacional sobre la inembargabilidad de las reservas. No vemos nada nuevo."

El nuevo fallo de Preska forma parte de una larga historia de la Argentina con los holdouts, acreedores de los bonos defaulteados del 2001 y generalmente conocidos como "fondos buitre".

Luego de la reestructuración de deuda kirchnerista del 2005 y de las complicadas relaciones con el Juez Griesa abiertas por el embargamiento de la Fragata Libertad, el pago a los holdouts del gobierno macrista del 2016 intentó darle cierre a un dificultoso legado deudor argentino. En opuesto sentido, la clausura del primer juicio sentó los precedentes jurídicos para la apertura de sus precursores.

Fue así que durante el 2016, el fondo de inversión Bainbridge de Bahamas, presentó una nueva demanda ante los tribunales de Nueva York contra el gobierno argentino, realizando una denuncia por títulos en default no canjeados durante las reestructuraciones y por lo tanto no pagos desde 2001.

El conflicto acecha hasta el pasado más inmediato, dado que fue durante el 2020 que Bainbridge rechazó la renegociación liderada por Martín Guzmán. Tan solo el año pasado, el fondo solicitó ante la jueza el embargo de un inmueble ubicado cerca de la embajada en la ciudad de Washington DC.