Concejales radicales, del Frente Cívico y Encuentro Vecinal realizaron una nueva acción conjunta en la capital provincial: en un escrito con 11 firmas (sobre un total de 15 opositores), solicitaron a la Justicia provincial que declare inaplicable en el ámbito de la ciudad de Córdoba la ley provincial a través de la cual se aprobó el juego online en toda la provincia.

La acción lleva la firma de los radicales (dispersos en tres bloques), los juecistas y el vecinalista Juan Pablo Quinteros, quien coordinó la jugada. En cambio, las concejalas del PRO se desmarcaron y no participaron del planteo que ingresó el jueves, previo al fin de semana largo, aunque recién trascendió este martes, cuando se supo que el expediente recayó en el juzgado Civil de 31° nominación, a cargo de Aquiles Villalba.

Los concejales justificaron el pedido de acción declarativa de certeza ante el choque de dos legislaciones: la ley provincial que habilitó el juego online, sancionada a fines del año pasado y que fue presentada por Juntos por el Cambio en la Legislatura cordobesa, y la ordenanza 11.684, que, de acuerdo con la óptica del peronismo, prohibiría el uso de las aplicaciones para apuestas remotas en la capital cordobesa.

Lo que reclaman los concejales es que el juez dé certeza: si interpreta que la citada ordenanza prohíbe el juego online, la Municipalidad deberá notificar a la Lotería que modifique la licitación en marcha. Si, en cambio, dice que no está claro el alcance de esa ordenanza, la oposición insistiría con debatir una reglamentación. Al margen, se abre la posibilidad de apelaciones de ambos bandos. "En cualquier caso vamos a saber dónde está parado cada uno respecto del juego", dice Quinteros.

Mientras esto ocurre, la Lotería de Córdoba avanza con una licitación millonaria para todo el ámbito provincial, incluida la capital, con la intención de firmar los contratos con las concesionarias a mediados de octubre. La previsión es que participen del negocio 10 empresas (o UTE) con hasta un 30 por ciento de capitales extranjeros; con una concesión por 15 años.

Los opositores creen que Hacemos por Córdoba tendió una trampa con: mientras Martín Llaryora y Daniel Passerini sostienen que no puede haber juego online en la ciudad de Córdoba, ampliando en la interpretación el alcance de la ley que prohíbe las salas de tragamonedas y la quiniela instantánea, Juan Schiaretti dio luz verde a Lotería con la contratación de las prestatarias.

En ese marco, los opositores (hasta ese momento también participaba el PRO de la estrategia conjunta) intentaron sancionar una ordenanza específica para prohibir el juego online en la ciudad, pero chocaron con la negativa del peronismo, que adujo que era innecesaria una nueva ordenanza. Si la Justicia dictamina que la ordenanza no es clara en este punto, los opositores volverán a la carga.

En el Concejo, las bancadas de la minoría sentaron a los representantes de la iglesia católica,a expertos en ludopatía y a dos reconocidos constitucionalistas -Miguel Rodríguez Villfañe y Antonio María Hernández-, quienes convalidaron que la ciudad puede tener una reglamentación propia para las apuestas online. Sin embargo, el oficialismo fue infranqueable.

En el planteo, los concejales opositores sostienen: "La realidad de los hechos indica que al día de la fecha nos encontramos frente a municipio cuyas autoridades manifiestan estar absolutamente en contra del juego online en la ciudad de Córdoba, y por otro lado un Gobierno provincial que realiza la licitación con efectos en la ciudad de Córdoba, vulnerando la autonomía municipal".