Luis Juez se encuentra en un escenario que, entiende, lo favorece: al desteñirse el PRO, envuelto en internas feroces y sin un líder emergente, el senador apuesta a ocupar el centro de la escena opositora provincial, fortalecido por el control que tiene del Tribunal de Cuentas, sus siete legisladores provinciales y tres concejales en la ciudad de Córdoba, una estructura que había perdido en 2019, cuando el acuerdo entre Mauricio Macri y Juan Schiaretti partió al PRO y a la UCR y desdibujó al Frente Cívico.

Hace algunas horas, Juez reunió a su tropa para transmitirle que con esta "fortaleza" deben hacer una "marca personal" a Martín Llaryora y a Daniel Passerini, gobernador de Córdoba e intendente de capital, respectivamente. A sus soldados les ordenó una oposición férrea, tenaz, totalmente diferenciada de la estrategia de los "dialoguistas" radicales y del PRO.

Lo que Juez quiere es una batalla en todos los frentes, aunque con algunos objetivos centrales, como Juan Pablo Quinteros, el actual ministro de Seguridad de Llaryora, un exjuecista que lo abandonó en 2019, en rechazo al desguace en Córdoba del viejo Cambiemos acordado por Macri y Schiaretti. Sobre Quinteros y los funcionarios provinciales que llegaron al llaryorismo desde el PRO -Pedro Dellarossa, en Industria; Darío Capitani, en Turismo-, Juez lanza en privado sospechas al filo de la injuria.

"Juez va a hacer todo para mantener la coalición, pero no depende de él", advierte uno de sus colaboradores que participó en la mencionada reunión. Tallan en el proceso qué harán el deslucido PRO y la siempre compleja Unión Cívica Radical, que inicia su proceso interno para renovar sus autoridades el 9 de mayo. "Los acuerdos son de partido a partido; por lo que la continuidad no depende sólo de Juez. Por ahí son nuestros socios los que deciden disolver el acuerdo", se ataja la fuente juecista.

Luego del fracaso en el Congreso, De Loredo ahora enfrenta desafíos en el radicalismo cordobés

Juez también ve otra cosa: que Rodrigo de Loredo "salió mal políticamente" del fallido debate por la ley ómnibus. "Se desdibujó y no quedó claro de qué lado estaba", analizan cerca del senador, hábil surfista de estas olas de posicionamiento ideológico. Por eso también presiona.

Al desteñirse el PRO, envuelto en internas feroces y sin un líder emergente, Luis Juez apuesta a ocupar el centro de la escena opositora provincial, fortalecido por el control que tiene del Tribunal de Cuentas, sus siete legisladores provinciales y tres concejales en la ciudad de Córdoba.

En ese escenario, con el PRO desdibujado y con los heridos que, estima, dejará la interna radical, Juez acelera: "Lo más lógico es una nueva conformación opositora; quizá haya que cambiar de nombre", advierten los juecistas. "La marca está estrolada", es el diagnóstico que tienen respecto del sello Juntos por el Cambio.

Con este Juez "más fortalecido, más gordo políticamente", el Frente Cívico procurará construir nuevas vocerías opositoras para las batallas de cabotaje: Walter Nostrala en la Legislatura provincial, Beltrán Corvalán en el Tribunal de Cuentas, y Martín Juez en el Concejo Deliberante.

El diputado Rodrigo de Loredo.

LPO

Marín Juez tiene "experiencia militante, un equipo de jóvenes profesionales que lo rodea y roce con el poder", dice la fuente juecista. Martín Juez está emparentado con la familia Grimaldi, propietaria del frigorífico Logros, exportador de 704 toneladas vía cuota Hillton. Martín tiene una tutora de amplia experiencia: Graciela Villata, también concejala, ex funcionaria municipal, ex diputada y ex mano derecha de Oscar Aguad en Defensa, durante el Gobierno de Macri.

El trío de concejales -el restante es José María Romero- ya se plantó en soledad ante Passerini: este miércoles rechazó la creación de un ente de fiscalización de la actividad comercial en la ciudad de Córdoba, mientras que los radicales y quienes llegaron por el PRO lo aprobaron junto a Hacemos Unidos. El apoyo opositor no era una cuestión simbólica, como en otras ordenanzas. Para crear este nuevo ente, el oficialismo necesitaba sí o sí de los votos opositores, por imperio de la mayoría agravada, pero sólo los juecistas mantuvieron el rol inicial de opositores; lo que generó suspicacias en el Frente Cívico.

En el Tribunal de Cuentas, el juecismo logró un triunfo importante: emboscó al propio Llaryora al denunciar que usó 19 veces el avión oficial para viajar a Buenos Aires, y ató los viajes al posicionamiento nacional del gobernador. Aunque hubo explicaciones coherentes respecto del uso de la aeronave oficial, la polémica le valió minutos y minutos de exposición a Beltrán Corvalán.

En la Legislatura, por ahora, la alianza Juez-UCR es donde parece más sólida. Sin embargo, el miércoles, la oposición estuvo a sólo un legislador de iniciar una sesión que habría sido histórica: habría sido la primera vez que la oposición en bloque lograba el cuórum. Pero faltó un radical a último momento: Ariel Grinch fue hospitalizado en Adelia María, a 320 km al sur de Córdoba, cuando viajaba desde su pueblo hacia la capital para la sesión y chocó a un perro. Otra suspicacia.

Juez espera que una nueva sociedad con el radicalismo tenga una clara identidad opositora en ambos frentes, la Provincia y la Ciudad de Córdoba. Por eso esperan saber quién presidirá el radicalismo cordobés.