Aunque el intendente de Córdoba y candidato a gobernador Martín Llaryora intente desmarcarse, sus huellas están en el plan antipiquete que motorizan varias de sus espadas en la Legislatura y el Poder Judicial; el cual tiene como propósito regular la protestas social ante el inevitable ajuste que aplicará el Estado en todos sus niveles desde diciembre, cuando cambien los gobiernos.

Pese a la resistencia del schiarettismo, los llaryoristas avanzan: Juan Manuel Cid, el legislador que integra la mesa chica del intendente cordobés, propugna un cambio en el Código de Convivencia de la provincia con la intención de que la protesta social sea regulada, incluyendo como normativa que las organizaciones sociales o gremiales notifiquen día y hora de las movilizaciones y un agravamiento de las multas para quienes organicen piquetes y/o provean de logística.

No es el único frente abierto contra los piqueteros: el centro vecinal del barrio Centro, comandado por el llaryorismo, logró un habeas corpus favorable a través del cual el juez de Control Juan Manuel Fernández dispuso que la Policía y el Ministerio Publico Fiscal desplieguen todos sus recursos a los fines de impedir los cortes de calle, aunque sea de media calzada, y persiga a los organizadores de los mismos. El abogado de los vecinos es Eduardo Bittar, vicepresidente del Colegio de Abogados.

En el cumplimiento de estas directrices generales surgidas del hábeas corpus, el fiscal Ernesto de Aragón imputó a Federico Giuliani, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado, y a Emanuel Berardo, referente del Polo Obrero, por ser los presuntos responsables del delito "obstrucción de tránsito para medios de transporte", cuya pena es de seis meses a dos años de prisión. Habrá otro cuatro imputados en la misma causa, aunque aún no fueron notificados.

 El fiscal Ernesto de Aragón imputó a Federico Giuliani, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado, y a Emanuel Berardo, referente del Polo Obrero, por ser los presuntos responsables del delito "obstrucción de tránsito para medios de transporte", cuya pena es de seis meses a dos años de prisión

En el marco del trámite del hábeas corpus, la jefa de la Policía, Liliana Zárate, confirmó al juez de Control que la fuerza realiza en la previa de cada marcha un seguimiento de los perfiles de redes sociales de los dirigentes, y que la identificación in situ de los organizadores no es inconveniente ya que despliegan policías de civil y cuentan con el registro de cientos de cámaras dispuestas en la mayoría de las esquinas del casco céntrico de la ciudad de Córdoba.

El juez de Control que pidió tolerancia cero con los piqueteros detalló en su resolución que la Policía se "encuentra legalmente autorizada a llevar adelante todo tipo de tareas inherentes a la prevención anticipada de la toma indebida del espacio público".

Respecto del derecho a la protesta, el juez señaló en su resolución: "Cuando la forma de protestar implica cometer un delito (coaccionando a terceros o imponiéndoles restricciones arbitrarias a su libertad) o una contravención, ya no se está ejerciendo una petición o expresando una idea u opinión sino, más bien, cometiendo un ilícito penal".

En ese sentido, el fiscal avanzó en contra de los organizadores de la última marcha de Unidad Piquetera en Córdoba. Sin embargo, intentó bajar la espuma respecto de que la política de persecución penal desactive los piquetes: "Lamento que se tenga la expectativa. Las protestas van a continuar en la medida que la situación económica que estamos viviendo siga. Es ingenuo pensar que por una medida judicial la gente no va a protestas", dijo, en abierta confrontación con lo dispuesto por el juez.

En el schiarettismo, hay rechazo al endurecimiento de las medidas contra piqueteros. Hay motivos sociales, de contexto, y políticos. En los primeros, el argumento es similar al expuesto por el fiscal De Aragón. En lo político, el peronismo cordobés tiene como socios estratégicos a la CGT, alcanzada por el hábeas corpus del juez, y al Movimiento Evita.