La Seguridad Pública en la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un punto de inflexión. La Capital de la República se ha convertido en los últimos años en un escenario decisivo y caja de resonancia del Gobierno Nacional. Y ello es así, porque la Policía Federal que depende del Gobierno Nacional, es además, policía local.

Pese a la Reforma efectuada en 1998 que consagró la autonomía política a la ciudad otorgándole la facultad de tener su propia policía; los porteños, aún hoy, no hemos logrado transferir la mayor parte de las estructuras de la Policía Federal a la esfera de la competencia de la Jefatura de Gobierno de Mauricio Macri.

Quizás sea éste el mayor fracaso de la Política. Porque es desde el Poder Ejecutivo Nacional a cargo de Cristina Fernández de Kirchner el lugar desde donde se actúa o se deja de hacerlo. De avanzar en el camino de la transferencia la Policía Federal pasaría a abocarse, únicamente, a las “cuestiones federales” y no locales dependiendo del Gobierno Nacional.

Los porteños no podemos demorarnos más, ni seguir dilatando una ley que haga posible el traspaso de la Policía Federal.

Los obstáculos para el logro del traspaso son por un lado, la necesidad de algunos resabios de la policía preocupados en mantener la estructura de circuitos de actividades no lícitas preservando manejos ilegales, resguardados de la desarticulación que conlleva un cambio institucional urgente y necesario de esta magnitud y por otro, la limitante de la voluntad política del Poder Ejecutivo Nacional y el temor de perder influencias sobre una enorme estructura de poder.

¿Fue la creación de la Policía Metropolitana una salida política adecuada del Jefe de Gobierno de la Ciudad en su afán por ponerse “del lado de los vecinos” ante el reclamo de mayor seguridad?

En lugar de profundizar el proceso de traspaso de la Policía Federal se creó una policía paralela, cuyo leiv motiv fue “exponer una muestra” de una policía del Primer mundo y que los hechos se encargaron de mostrar que fue y es irrealizable en escala real, no sólo por sus altos costos: 1.207 millones, es la partida destinada al funcionamiento de la fuerza de seguridad.

La creación de la Policía Metropolitana en 2008 estuvo acompañada de las siguientes leyes: Ley 2894 de Seguridad Pública, Ley 2896 de Cuerpo de Investigaciones Judiciales (Policía Judicial); ley 2947 de Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, y estuvo combinada con un sistema de “inteligencia” y espionajes político de cognotaciones económicas y personales que tuvieron como destinatarios a legisladores propios y ajenos, a empresarios y al mismísimo entorno familiar del actual Jefe de Gobierno, sin advertir, que aquél sistema de inteligencia quedaba bajo la órbita de la inteligencia nacional y la policía federal.

Resulta llamativo que tras la presentación pública de esta nueva fuerza policial y la frecuente mención acerca de los atributos de “rigurosidad” y “nivel óptimo” de selección de sus componentes (Mauricio Macri, febrero de 2009) se fueron suscitando la detención de algunos de sus miembros por implicancias en casos de narcotráfico y pertenencia a asociaciones ilegales, etc. El fenomenal esfuerzo presupuestario que representó la creación de la Metropolitana se vio coronado con el procesamiento y encarcelamiento de “Fino” Palacios, ex Jefe de la Policía, y un procesamiento judicial que involucra al actual Jefe de Gobierno por escuchas ilegales y asociación ilícita, además de un proceso de investigación política por mal desempeño que no prosperó por falta de número de la oposición en la Legislatura porteña.

Los dramáticos episodios del Parque Indoamericano ubicado en el Sur de la Ciudad dejaron muertos, heridos y serios enfrentamientos que reflejan la permanente dualidad y el combate entre las dos policías: la Federal y la Metropolitana, disputas en un mismo territorio y bajo gobiernos de distinto color político. No sólo hay falta de coordinación entre ambas policías, sino ausencia de estrategias de Seguridad entre ambos gobiernos.

La Seguridad ciudadana y el delito organizado en la Ciudad de Buenos Aires se encuentran fuertemente imbricados. Sabemos que los factores que subyacen en la producción del delito común admiten una explicación multi-causal, una amalgama de factores económicos, sociales y culturales desatendidos por los distintos gobiernos de diverso color político que confluyen en la ilegalidad de las acciones criminales. Los delitos organizados tienen implicancias internacionales, y están relacionados con el poder económico y político global. La realidad es que uno y otro hoy están entre nosotros y la Ciudad de Buenos Aires no es ajena.

Las escuelas porteñas sin distingo de sector social de pertenencia han ingresado a engrosar las estadísticas del consumo de drogas cuya iniciación, brindan detalle los informes se hace cada vez más en edades tempranas. Hay que tender más puentes políticos, puentes económicos y puentes sociales. Es hora de superar la parálisis buscando consensos mínimos para llegar a buen puerto, con firmeza políticas de largo alcance que vengan a dar solución a los problemas de la gente.

La drogadicción es un problema grave de Salud Pública y en tal sentido, es necesario sin prejuicios contemplar las alternativas para afrontarlos. Las víctimas son los consumidores. Las víctimas son nuestros niños y jóvenes. Tenemos que frenar la violencia que engendra y los efectos de la corrupción que de ello se deriva. Hay que profundizar la Seguridad Ciudadana en la Ciudad y el mejor camino es la reducción de la pobreza y la mejora en la equidad social.

La gente con necesidades, con urgencias, con carencias demandan de nuestras acciones coordinadas. Sólo trabajando de la mano, sólo superando paradigmas individualistas por acciones colectivas puede cambiarse. La superación de los estereotipos es el camino. La Política debe cambiar de paradigma por uno nuevo: “el de servir a los intereses de la gente” que tiene derecho a soñar con una vida digna, con equidad, con justicia, con desarrollo y en paz.