La decisión del Presidente Alberto Fernández de suspender las exportaciones de carne vacuna por 30 días refleja la incapacidad del gobierno de comprender las causas del proceso inflacionario que sufre la Argentina. En consecuencia, busca una solución apelando a fórmulas que, lejos de resolver el problema en el mediano plazo, lo agravan. Y, al mismo tiempo, provoca daños muy grandes a toda la cadena de la carne vacuna y a la credibilidad argentina en el exterior, pero también al consumidor en el mercado interno.

Es cierto que el precio del novillo en la Argentina en el período marzo 2020-abril 2021 ha tenido una suba del 95 %, que se trasladó en parte al precio de la carne vacuna (61%), mostrando niveles superiores al Índice de Precios al Consumidor y, por lo tanto, contribuyendo al deterioro en los salarios reales de los sectores de menores ingresos. Se atribuye esa alza de los precios al crecimiento de las exportaciones de carne vacuna que, en el periodo anual abril 2020-abril 2021 alcanzaron el nivel récord de 952 toneladas, representando el 29% como destino de la producción final.

Muchos medios de comunicación resaltan que el consumo per cápita de carne vacuna en el mes de abril 2021 ha sido el más bajo en los últimos 100 años. Sin mebargo, no tienen en cuenta que ha existido un efecto de sustitución por el aumento del consumo de pollo y cerdo. Con lo cual el consumo total de carnes alcanza los 110 kilos per cápita, que es uno de los más altos niveles en el mundo.

Al no haber un aumento significativo en la producción, que se mantiene en los 3 millones de toneladas al año, los incrementos en los volúmenes exportados en el corto plazo se logran a expensas de la reducción en el consumo interno con impacto sobre los precios. El error de política productiva consiste en intentar bajar un precio restringiendo artificialmente la demanda, en lugar de generar los incentivos necesarios para que aumente la oferta y, de esta manera, lleven a los precios a un nivel de equilibrio más bajo.

El problema está en que el stock de ganado vacuno ha ido descendiendo en términos de disponibilidad por habitante, luego de la liquidación de más de 10 millones de cabezas entre los años 2008 y 2011, como resultado de las políticas implementadas por el gobierno de Néstor Kirchner, que son las mismas medidas que está implementando ahora el presidente Alberto Fernández. Si bien este nuevo cierre de exportaciones se produce luego una cierta recuperación de los stocks, lo cierto es que hoy la ganadería no terminó de recuperarse del cierre anterior: tiene 1,2 cabezas por habitante cuando supo tener 1,6 cabezas por habitante. Es que, además el país tiene un menor stock de vacas, que son las que producen los terneros.

Los procesos de inversión ganadera requieren tiempo y reglas de juego claras para que los productores incrementen su stock, y muchas veces en el corto plazo los procesos de retención de vientres implican una disminución de la oferta. Por eso, son totalmente erróneas las palabras del presidente Fernández cuando dice que la liberación del comercio a partir del 2016 solo trajo ganancias a los productores que no incrementaron el stock. Esta afirmación implica un total desconocimiento de la dinámica del sector, donde el incremento de stocks requiere un proceso de al menos dos años y con reglas claras, que son destruidas por este decreto.

El porcentaje de vientres en la faena es de alrededor del 45%, lo cual implica un valor neutro de reposición del stock, sin que se vislumbre un interés definido por la inversión en vientres, un resultado de la incertidumbre y los permanentes cambios en las reglas de juego en la Argentina.

Si miramos qué sucede en el resto del mundo, lo que se observa es que los precios internacionales de la carne vacuna han disminuido en los primeros meses del 2021 con relación a los del mismo periodo del año anterior. Y también lo han hecho las exportaciones de carne argentina; una situación totalmente distinta a lo que sucede en los mercados de la soja, trigo y maíz.

De hecho, los precios del novillo y la media res en la Argentina se encuentran en valores similares a los precios de Uruguay y Brasil, que son los otros países que abastecen al mercado chino. Y ambos están aprovechando el impacto favorable de la creciente demanda china, aumentando sus volúmenes exportados y compitiendo con la Argentina, sin que esto signifique una aceleración de la inflación.

La diferencia radica en que los países vecinos no tienen el problema de la inflación endémica que tiene Argentina. Entonces, el impacto del incremento de los precios de las commodities en sus índices de inflación es mínimo.

De vuelta a viejas fórmulas que nunca dieron resultado

Cuando a partir del año 2006 comenzaron las restricciones a las exportaciones, implantación de los ROE rojos, entre otras, la ganadería argentina entró en un proceso de liquidación de vientres (destrucción de capital) que culminó en el año 2011 con una faena récord de 16 millones de cabezas, de las cuales un 49% eran hembras. Ello se convirtió en un proceso de desinversión en ganadería, como resultado no sólo de la falta de incentivos, sino también un castigo al sector provocado por las medidas del dúo Kirchner-Moreno. A partir de allí, Argentina fue desapareciendo de los mercados internacionales (bajando a 180.000 toneladas exportadas). Se cerraron plantas frigoríficas, se perdieron más de 15.000 puestos de trabajo y, finalmente, esa menor producción se tradujo en un incremento en los precios de la carne vacuna al consumidor, logrando resultados diametralmente opuestos a los deseados.

Las medidas que se han tomado en esta semana ignoran todo el daño que medidas similares de un gobierno del mismo signo político causaron en el pasado a toda la cadena de carne vacuna, a la economía y a los sectores de menores ingresos.

Es de esperar que se escuchen las voces de los actores que tienen un profundo conocimiento del sector y están alertando por los efectos negativos que van a tener estas medidas. Como así también es de esperar que se elabore un plan integral con el consenso de todos los actores de la cadena que permita atacar la suba de precios a través de un incremento de la oferta y alentando la inversión, y no con medidas de restricciones artificiales de la demanda que, como se ha visto, provocaron enormes daños a toda la sociedad.