En Argentina, la vitivinicultura es una actividad agroindustrial que se desarrolla en 18 provincias. En el año 2021 se cosecharon 22,4 millones de quintales de uvas vínicas en 23.695 viñedos, en una extensión de casi 215 mil hectáreas, con un promedio de poco más 9 hectáreas (Has.) por viñedo. El 59,2% de estos viñedos son menores a 5 Has y ocupan el 14,1% de la superficie cultivada de vid. El 7,4% de los viñedos presentan una extensión superior a las 40 Has y concentran el 45% de la superficie. Mendoza es la principal provincia vitivinícola, representa el 70% de la superficie sembrada y el 64,5% de los viñedos del país. De todos estos datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), quizás, el más relevante es que en los últimos 10 años desaparecieron 1.080 viñedos.

Parte de este problema se comprende al observar los números. Según la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI), el costo anual para vino tinto genérico en mayo del 2021 rondaba los $400.000 por hectárea (Ha). Lo que representaba un incremento del 64% respecto al año anterior. Mientras que los ingresos anuales de ese mismo productor fueron estimados en $341.000 por Ha, es decir que un productor de vino tinto genérico en el resultado anual 2021 perdió $59.000 por Ha.

Para los trabajadores de viña y bodega, la cosa no está mejor que para los productores. Por sus labores perciben un salario mensual actualizado a febrero de 2022 de $41.521,55 y $44.987,58 respectivamente, según las escalas salariales de SOEVA. Mientras que el monto de la canasta básica de alimentos en Mendoza es de $74.703,68 para una familia tipo, tomando los datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas del Gobierno de Mendoza. Es decir, que a quienes trabajan la viña y la elaboración de vinos, les faltan entre $30.000 y $33.000 aproximadamente para llegar a fin de mes.

Otro punto que explica la desaparición de productores es el precio de la uva, cuyo aumento en el 2021 fue del 25% anual, es decir menos de la mitad de la inflación anual promedio. Para que quede claro: "Se está hablando de que el quintal se pagaría entre los $2.500 y los $2.600. Recordó que el año pasado se pagó $2.000, por lo que, de ser ese el precio esta temporada, apenas habría un aumento del 25%, cuando la inflación interanual superó el 50% y el incremento de los costos de producción ha sido bastante mayor. Por eso, expresó que se debería hablar de $3.000 a $3.200 el quintal, para que los productores no pierdan dinero en términos reales".

Estas son las palabras textuales de Alfredo Aciar, titular del Banco de Vinos de Mendoza, que no se hace cargo de la principal política pública que tiene a cargo como parte del gobierno provincial, la cual no cumplió ni un solo objetivo de los que se proponían en su creación. Lo que lleva a preguntarse  para qué sirvió el Banco de Vinos qué el gobernador Rodolfo Suárez anunció con bombos y platillos.

Lo cierto es que la vitivinicultura generó ganancias y está inserta en el mundo, aunque quienes producen y trabajan funcionen a pérdidas. Los más de 129 destinos mundiales que tiene el vino argentino actualmente y los 1.009 millones de dólares que la vitivinicultura argentina exportó en 2021, ubican a la actividad entre los 15 primeros complejos exportadores que son responsables del 81,1% de las divisas ingresadas, según datos del INDEC. Entonces ¿Quién se queda con la riquezas generadas por los casi 17 mil productores y los más de 100 mil trabajadores vitivinícolas?

Comparando con otras actividades agroalimentarias, en materia de generación de divisas y de fuentes trabajo, la vitivinicultura supera a muchas otras. Se estima que genera divisas por 4.800 dólares por hectárea, valor que la posiciona bastante por encima del resto de los complejos exportadores. Una hectárea de uva genera 5,6 veces más dólares que una hectárea de soja. Y en cuanto a puestos de trabajo, por cada 100 hectáreas cultivadas y en producción, la vitivinicultura genera 72 puestos. Esto es diez veces los empleos que genera el maní, con apenas 7 puestos de trabajo por cada 100 hectáreas en producción. Y supera ampliamente a la cantidad de mano de obra que demandan los complejos de cebada, girasol, trigo, maíz y soja, que emplean a entre 1 y 3 personas por cada 100 hectáreas cultivadas.

 Sin productores ni trabajadores no hay vendimia. Sin estas fuerzas de trabajo que ponen el cuerpo para regar, podar, atar, cosechar, elaborar, etcétera, no hay vendimia.

Sin productores ni trabajadores no hay vendimia. Sin estas fuerzas de trabajo que ponen el cuerpo para regar, podar, atar, cosechar, elaborar, etcétera, no hay vendimia. Pero, en vez de ser los más cuidados, de cuidar la "gallina de los huevos de oro", como los calificó el Ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, resultan ser el eslabón más perjudicado de la cadena vitivinícola con una participación relegada en las ganancias.

Sí comprenden quiénes son los protagonistas centrales de la vitivinicultura, los legisladores nacionales por Mendoza del Frente de Todos, principalmente Anabel Fernández Sagasti; que trabajaron y lograron que se sancione y promulgue la ley de jubilación anticipada de viñateros y contratistas de viña, y el cobro de 12 mensualidades. Claro está que faltan derechos por conquistar y sobre todo que los salarios le ganen a la inflación o por lo menos alcancen la canasta básica.

Fuera de la ficción, la realidad muestra que para que la vendimia sea una fiesta de todos los mendocinos, son necesarias políticas que garanticen que las ganancias lleguen a quienes producen y trabajan. Librada al mercado, la vitivinicultura tiene un destino de película de terror para los vendimiadores.