El gobierno apela a la Corte para que frene los amparos contra los tarifazos
El Gabinete de Macri está preocupado por el avance de la oleada de amparos contra el tarifazo de energía, que se extiende por todo el país: Chubut, Tierra del Fuego, Mendoza, San Luis Córdoba, Buenos Aires, distritos específicos como Bariloche y también particulares.
Así, mientras los ministros de Energía y del Interior, Juan José Aranguren y Rogelio Frigerio, acordaban esta noche con los gobernadores patagónicos una importante reducción a los aumentos tarifarios (ver recuadro), trascendió que un día antes el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, había presentado un recurso ante la Corte Suprema.
LPO habló con Balbín para conocer la contraofensiva legal del Gobierno. "Presentamos una inhibitoria por una cuestión procedimental. La medida cautelar que dejó sin efecto el aumento del gas en Chubut fue resuelta por un juez federal de la provincia en el marco de un causa contra el Estado Nacional, cuando la Constitución establece que es la Corte Suprema quien tiene competencia en un conflicto entre la Nación y una provincia. Por eso, lo primero que queremos es que la Corte se expida en un plazo razonable sobre si este tema le corresponde a la Corte o al Tribunal Federal de Chubut", dijo el procurador.
En una segunda instancia, el Gobierno apunta a que la Corte Suprema se expida sobre la cuestión de fondo -la faculta del Gobierno de instrumentar el tarifazo- y que haya una única resolución que fije doctrina frente a la pluralidad de sentencias. "Si bien es cierto que se expediría sobre un caso puntual, sentaría precedente para la resolución de las demás causas", explicó Balbín.
Por ejemplo, ayer el juez federal Alberto Osvaldo Recondo, titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 4 de La Plata emitió una sentencia de alcance nacional que obliga al Gobierno a convocar a una Audiencia Pública para reevaluar el cuadro tarifario del gas. "Mi interpretación es que este fallo no ordena la suspensión de la modificación del cuadro tarifario, en contradicción con otros fallos, sino que obliga al Gobierno a convocar a Audiencia Pública", estimó el funcionario radical.
Lo ciertos es que según ese fallo, de no cumplir con esta orden en 20 días, el Estado queda obligado a retrotraer el cuadro tarifario al que regía hasta el 31 de marzo.
"Vamos a apelar la decisión de Recondo. Los cuadros tarifarios se van modificando con el tiempo y la postura del Ejecutivo es que la Audiencia Pública que habilita esta corrección ya se había hecho tiempo atrás", agregó el procurador Balbín haciendo referencia a la audiencia pública que se convocó en 2006, pese a que en luego el aumento no se aplicó. El juez Recondo no consideró que aquel debate público realizado hace diez años cumplimente los requisitos legales para el tarifazo, como argumenta Aranguren.
El procurador del Tesoro, Carlos Balbín.
Es real que la resistencia legal al tarifazo generó un caos de resoluciones judiciales que van desde dejar sin efecto el aumento del gas en Tierra del Fuego por tres meses, como dictó el juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, hasta suspenderlo en las ciudades de Bariloche, Río Gallegos y Rawson.
En Mendoza a pedido del propio gobernador radical Alfredo Cornejo, desde anoche también rige una suspensión judicial a los aumentos, pero en este caso por seis meses para los departamentos del sur que habían quedado afuera de un reciente fallo que suspendió por tres meses los aumentos en todo el resto de la provincia y fijó un tope de alza de las tarifas del 80 por ciento.
"Seguiremos apelando todas las cautelares en todas las Cámaras hasta llegar a la Corte Suprema, si es que la Corte no se expide antes y sienta precedente sobre la constitucionalidad de la reducción de los subsidios", agregó Balbín.
LPO había anticipado en enero que las asociaciones de consumidores acudirían a la justicia para reclamar por la falta de Audiencia Pública, en caso de que el Gobierno decidiera unilateralmente la modificación de los cuadros tarifarios de gas y electricidad.
Este fue el mismo argumento esgrimido ayer por el juez en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata, Luis Federico Arias, cuando ordenó suspender el tarifazo en las boletas de luz de toda la provincia de Buenos Aires (con excepción del Conurbano) por no haberse llevado a cabo "la correspondiente audiencia pública con anterioridad a su aprobación".
El problema del déficit
Lo cierto es que más allá del litigio legal, las idas y vueltas con el tarifazo tienen un costado macroeconómico. Las metas de reducción del déficit fiscal están en la cuerda floja si el Gobierno no logra reducir los multimillonarios subsidios a la luz y al gas durante el invierno. Sin embargo, LPO pudo saber que el Gobierno no apelerá a estos argumentos en su defensa del tarifazo ante los tribunales.
En caso de la Corte Suprema haga lugar a la presentación del procurador del Tesoro, la primera batalla es estrictamente normativa. Se trata de que la Corte resuelva si está cumplimentado el requisito de la convocatoria a la Audiencia Pública con aquella que data de 2006 o si, como sotienen ambos jueces platenses, para este aumento había que llamar a una nueva audiencia.
Desde una perspectiva estrictamente económico la pelea judicial tiene un costo: Si la Justicia demora más de un mes en expedirse, el objetivo de reducción del déficit no se alcanzará.
El segundo round en la estrategia del gobierno, sería defender la "razonabilidad" de los aumentos, otro requisito constitucional. En este punto hay dos puntos de vista contrapuestos. El Gobierno resalta que cerca del 70% de las tarifas siguen subsididadas. Mientras que los usuarios sostienen que así como están las tarifas son impagables.
Acá también el Gobierno la tiene difícil. En la medida en la que de hecho están renegociando con los gobernadores patagónicos el tarifazo y dieron marcha atrás con los aumentos de hasta el 1800% y los limitaron al 400%, ya parecen haber reconocido que la "razonabilidad" de la medida era cuestionable.